Dietas millonarias, billetes de 500 euros sin declarar y sobres con más billetes en las murallas de Iruñea. La Caja de Ahorros de Navarra ha protagonizado variados y esperpénticos titulares a lo largo de los últimos años, en los que ha pasado de ser la principal y omnipresente entidad financiera de Nafarroa a ser engullida por Caixabank, de la que controla apenas un 1,2% del capital.

La historia es larga y tiene en los dos últimos gestores de la entidad a sus principales responsables: Enrique Goñi y José Antonio Asiáin. La CAN moderna nació en el año 2000, con la absorción de la Caja Municipal por parte de la CAN, de la que nace el Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, con un capital –entre participaciones y liquidez– de casi 70 millones de euros.

Precisamente fue Goñi el primer responsable del Grupo, antes de alcanzar, en el año 2002, la dirección general de la CAN, en sustitución de Lorenzo Riezu. Todo cambió entonces. Se abandonó una manera de hacer que había convertido a la entidad en responsable del 43% del dinero privado de Nafarroa, así como de las cuentas del Gobierno foral. De la mano de Jesús Pejenaute –convertido en ejecutivo de la entidad por el propio Goñi– la nueva dirección de la CAN abandonó las prácticas dictadas por la prudencia financiera y se lanzó a las prácticas financieras agresivas que han acabado en la crisis conocida por todos.

Los datos son más que claros. A las inversiones de riesgo se sumaron las compras de inmuebles en plena burbuja inmobiliaria. A golpe de talonario la CAN pasó de tener 247 sucursales en 2004 a 336 en el 2009 –incluida la sede en Washington–. El tándem formado por Goñi y Pejenaute lo hizo, además, arrinconando, marginando y prejubilando a buena parte de la plantilla de más antigüedad, «cuatro mantas» a los que acusaban de tener «miedo», según consta en documentos a los que tuvo acceso GARA. Entre 2002 y 2009 la CAN prejubiló a 334 trabajadores, con un coste de 180 millones de euros.

Fusiones y absorciones

Y tras la reestructuración interna, llegó el plan de reestructuración bancaria del Gobierno. Evitando cualquier acercamiento a las cajas de la CAV, la CAN se asoció con Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol, formando la efímera Banca Cívica, cuya salida a Bolsa en 2011 fue recientemente denunciada por UPyD en los tribunales. Una salida bursátil que situó en 2,7 euros la acción, un precio que en apenas un mes había bajado ya un 20%. Pese a ello, durante el primer semestre del mismo 2011 los ingresos de los 20 principales directivos de la entidad aumentaron un 46%.

Así las cosas hasta que, dada la imposibilidad cumplir con las exigencias de capitalización y provisiones decretadas por el Gobierno, Caixabank absorbió Banca Cívica a un precio de 1,97 euros por acción, un 27% menos que cuando la entidad impulsada por la CAN salió a Bolsa. Concretamente, los propietarios de la CAN –Gobierno navarro y Ayuntamiento de Iruñea– recibieron 157 millones de euros, 23 millones menos que el plan de prejubilaciones impulsado por la entidad meses atrás.

La pregunta es clara y es doble: ¿Qué ha pasado para que en 2012 la CAN valiese 157 millones de euros cuando en 2009 su patrimonio ascendía a los 1.209 millones? ¿Hacia donde miraban altos cargos como la presidenta, Yolanda Barcina, que era presidenta de la Comisión de Control de la CAN, o el expresidente Miguel Sanz, que era presidente del Consejo de Administración?