La denuncia ante la Fiscalía presentada por Kontuz! contra Yolanda Barcina por el presunto uso de información privilegiada para lucro personal mientras ejercía como responsable de Caja Navarra obligó ayer a la presidenta navarra a salir de su mutismo. En una carta remitida a "Diario de Navarra", la lideresa de UPN admite que invirtió en la compra de oficinas de la caja mientras presidía su Comisión de Control y ofrece algunos escasos detalles de la operación, pero al mismo tiempo se escuda en la afirmación de que «Caja Navarra ofrecía esta inversión a cientos de clientes de diferentes segmentos entre los que yo me encontraba, sin que tuviera nada que ver en tal inclusión mi pertenencia a los órganos de la Caja».

GARA ha accedido al documento de la CAN, firmado en diciembre de 2009, en el que se ofrecía el citado producto. Y su presentación no deja duda alguna sobre el alcance reducido y el carácter opaco de la propuesta. En la segunda página de las catorce de que consta el documento, antes de entrar a detallar los pormenores de la propuesta de inversión, se recoge el siguiente aviso: «Este documento ha sido preparado en interés de un determinado colectivo de clientes de la Caja de Ahorros de Navarra y para uso exclusivo de los mismos. Este documento tiene carácter confidencial y no puede ser distribuido a terceros sin autorización previa y expresa de la Caja de Ahorros de Navarra».

Con la carta remitida ayer, Barcina trata de presentar su participación en esa inversión como algo normal y desligado de su responsabilidad en la caja. «El empleado de confianza al que acudo para administrar mis ahorros personales me recomendó un producto al que asignar parte de mis ahorros», indica. Lo ve todo «ordinario, legal y correcto».

«No era un valor seguro»

En el documento confidencial al que ha accedido GARA, el producto se define como «enfocado a inversores con un perfil de banca privada». Se destaca que tiene «una interesante rentabilidad anual», que cuenta con «el respaldo de la garantía de rentas de la propia Caja» y que goza de «una importante expectativa de revalorización».

Por contra, Yolanda Barcina sostiene en esta carta pública de ayer que «no se trataba de un valor seguro. Prueba es la cantidad de clientes que rechazaron adquirir este producto tras ser invitados como yo a participar. A día de hoy, cualquier persona con conocimientos de banca puede concluir que la inversión que realicé se está devaluando. Por tanto, si como apuntan algunos malintencionados, hubiera dispuesto de información privilegiada, probablemente habría rechazado realizar tal inversión», llega a añadir.

Según los datos publicados el pasado día 13 por ‘Diario de Noticias’, «el negocio le genera [a Barcina] una rentabilidad del 6% anual». La misma fuente dice que la presidenta posee -en su carta ni lo confirma ni lo desmiente- el 0,23% de la sociedad constituida al efecto (llamada Navarra Building S.L). Caja Navarra le vendió la propiedad de 25 oficinas que luego fueron alquiladas por la propia caja.

El documento explica así esta operación: «Se trata de un producto basado en la inversión indirecta en un conjunto de activos inmobiliarios de especial relevancia para la Caja y todos sus clientes: Oficinas comerciales de la Caja, especialmente seleccionadas por su privilegiada ubicación y potencial de revalorización. Una vez adquiridos por los inversores, los activos inmobiliarios son puestos en valor mediante su arrendamiento a la Caja durante el plazo de duración del producto, es decir, diez años con posibilidad de extensión hasta cinco más».

La operación, por tanto, enlaza directamente con la brutal pérdida de patrimonio sufrida por la caja en todos estos años. ‘Diario de Noticias’ estima que la inversión de la dirigente de UPN en este producto debió estar en torno a los 50.000 euros.

En este asunto se basa la denuncia contra Yolanda Barcina presentada por Kontuz! el viernes ante la Fiscalía, al mismo tiempo que otra paralela llevada al Juzgado contra el expresidente navarro Miguel Sanz y el exdirector de la CAN Enrique Goñi. A la primera le achacan un posible uso de información privilegiada por la participación en Navarra Building S.L.; a Sanz y Goñi, varios delitos societarios y prevaricación por omisión.

Horas después del anuncio de Kontuz, UPN emitió una nota en la que, sin esperar siquiera a conocer el contenido de la denuncia, ponía la mano en el fuego por su presidenta. Con una expresión que coincide con las usadas ayer por Barcina, UPN «niega categóricamente que existiera ningún tipo de información privilegiada sobre un producto ofrecido en igualdad de condiciones a cientos de navarros». Ni la presidenta ni el partido parecen conceder importancia al hecho objetivo de que ninguno de los otros inversores era presidente de la Comisión de Control de la CAN.

La inversión se produjo en el año 2009, cuando Barcina era ya presidenta de UPN y ejercía como alcaldesa de Iruñea. La actual presidenta del Gobierno navarro -lo es desde junio de 2011- ha formado parte de órganos de gobierno y control de esta caja durante quince largos años, primero como derivación de su cargo de consejera de Medio Ambiente del Gobierno navarro y luego del de alcaldesa de la capital. Cuando en el año 2010 se produjo la modificación estatutaria para impedir la presencia de cargos políticos, se creó otro ente fantasmagórico (casi nadie lo conocía hasta que se reveló en prensa) llamado Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, que permitió a Barcina y a los otros miembros seguir cobrando grandes dietas. Fue disuelta rápidamente al trascender su existencia.