Ni una palabra sobre Luis Bárcenas, extesorero del PP implicado en casos de corrupción como los 22 millones que llegó a amasar en Suiza o los sobresueldos que supuestamente pagó a la cúpula de Génova. La sesión de control extraordinaria al Gobierno español no ha aportado novedades. La derecha española reparte responsabilidades y apela a un pacto contra la corrupción del que no aporta más detalles. El resto de formaciones (PSOE, IU, Amaiur y UPyD) ha preguntado tanto por Bárcenas como por la amnistía fiscal, pero no ha obtenido respuestas concretas.

«No nos vengan ahora con pactos de Estado contra la corrupcion. Los que se lucran piden ahora un pacto». Maite Aristegi, diputada de Amaiur, ha pronunciado el discurso más duro contra la corrupción que asola el mapa político del Estado español. Lo ha hecho durante la sesión de control extraordinaria que se celebra en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo se ha limitado a aludir a ETA. GAL, Filesa, Roldán, trama Gürtel o el último escándalo de los sobres y los sobresueldos son algunos de los casos que la diputada de Amaiur ha recordado al ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Este, sin embargo, se ha limitado a responder con alusiones a ETA y a su actividad armada.

También IU y PSOE han interrogado a los miembros del Ejecutivo español sobre la corrupción. Pero el debate no ha aportado ninguna novedad, limitándose al habitual cruce de acusaciones y a promesas de un gran acuerdo sin entrar en el fondo del asunto.
«Cuando quieran hablar de soluciones, nos tendrán», ha respondido Aristegi, que ha acusado al ministro español de intentar desviar la atención. «No es que haya una manzana podrida, es que todo el cesto lo está», ha insistido, señalando que lo que pretende ahora el PP es «diluir su responsabilidad» en escándalos como el de su exesorero Luis Bárcenas.

«Es un despropósito», ha afirmado, para denunciar posteriormente que las bases de la corrupción en el Estado español están en su origen «atado y bien atado», en referencia al franquismo. Según la diputada independentista, el cúmulo de tramas que acumula la formación que lidera el Ejecutivo sería suficiente para hablar de «organización ilícita».

Gallardón, sin embargo, estaba a otro debate. Ni una palabra respecto al desvío de fondos públicos o los sobresueldos. Por el contrario, ha realizado una exhibición del discurso más inmovilista del PP hacia Euskal Herria. «No nos den lecciones de limpieza democrática, están aquí para recibirlas», ha rebatido, para después insistir en su habitual mensaje sobre el relato y la «equiparación de víctimas y verdugos».

Plan anticorrupción

Al margen del cara a cara entre Amaiur y el Gobierno español, la sesión de control al Ejecutivo no ha aportado novedades. Cayo Lara, portavoz de IU, ha sido el primero en preguntar a Mariano Rajoy por su disposición a poner en marcha una sesión monográfica sobre la corrupción con el objetivo de elaborar un plan global.

El jefe del Ejecutivo se ha limitado a enumerar propuestas como la ley de transparencia, actualmente en trámite parlamentario, o el encargo de un informe al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Este texto podría estar en las próximas semanas y, según Rajoy, abordará medidas «colectivas e individuales». «Este tipo de propuestas pueden ser más útiles que dedicarnos a contar lo que vemos a diario en los periódicos», ha señalado Rajoy, quien ha tendido la mano al diálogo y a pactar un plan anticorrupción con el resto de grupos. De hecho, ha recordado que la semana pasada, Soraya Sáez de Santamaría llamó a los portavoces de siete formaciones para iniciar un diálogo.

«La reforma laboral está funcionando muy bien»

Posteriormente ha sido el turno de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), quien ha pasado de puntillas por la cuestión, indicando que el PP «se fue de rositas» (en referencia al caso Naseiro) y, por este motivo, ha seguido con sus corruptelas. En realidad, la pregunta era acerca de la «grave situación» que atraviesa el Estado español. Una interrogación abierta que ha permitido a Rajoy desgranar, frase por frase, su mensaje habitual basado en defender las «reformas estructurales para generar crecimiento y crear empleo».

Cierto es que, en esta intervención, el jefe del Ejecutivo ha dejado una afirmación de calado. «La reforma laboral está funcionando muy bien», ha señalado, obviando que el Estado español ha alcanzado sus mayores cotas de desempleo de la historia, con más de 6 millones de parados. 


Tras las intervenciones de los primeros espadas ha sido el turno de sus segundos. Y aquí el debate ha seguido en la misma línea. La vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, ha mantenido un tenso rifirrafe con la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez. «La corrupción no entiende de colores, sino de honradez», ha afirmado, tratando de repartir responsabilidades entre todas las formaciones. «Hemos recuperado responsabilidad penal de los grupos políticos, se ha transformado la ley de financiación, ya no se permiten donaciones de más de 50.000 euros ni tampoco condonar deudas por más de 100.000 euros», ha asegurado Sáez de Santamaría.

Amnistía fiscal

La amnistía fiscal también ha estado sobre la mesa. Soraya Rodríguez ha considerado que el período especial que permitía a los defraudadores legalizar sus fondos opacos se convirtió en un traje «hecho a la medida» de Luis Bárcenas, extesorero del PP. De hecho, ha recordado que el 93% de los más de 30.000 evasores que se acogieron al plan lo hicieron en su último tramo, cuando se habían garantizado que no se investigaría el origen del dinero.

La respuesta del PP se ha limitado al habitual recurso a la «herencia recibida». Soraya Sáenz de Santamaría ha apelado a los tres puntos de déficit «oculto» que, según su versión «el Gobierno ha tenido que aflorar». A este argumento ha añadido otro apoyo cotidiano: recordar los casos que también salpican al PSOE. «Para reprender no hay que tener falta», ha afirmado, en referencia al caso de la falsa columnista Amy Martin que ha salpicado a la fundación Ideas, vinculada al PSOE, y que terminó con la expulsión de su director Carlos Mulas, que cobró hasta 50.000 euros por artículos elaborados por él mismo pero facturados a la falsa escritora.