La abogada de la presa tafallesa Amaia Izko ha valorado positivamente la sesión de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos, destacando que el Estado español ha vuelto a emplear los mismos argumentos que los utilizados en la sentencia de julio, cuando Estrasburgo sentenció en contra de la doctrina 197/2006. En este sentido, ha recordado que correspondía al Estado español presentar nuevos argumentos que pusiesen en cuestión el anterior dictamen, y no lo ha hecho.

De este modo, la representación española, que ha corrido a cargo de Isaac Salama, se ha centrado en destacar que «132 asesinatos no pueden ser castigadas de igual manera que uno» y en intentar demostrar que corresponde a los estados la aplicación de la pena impuesta por los tribunales, por lo que la decisión de Estrasburgo de julio debe ser revocada. 

Ha llegado a negar que a la tafallesa se le hubiera aplicado la doctrina 197/2006 de manera retroactiva, porque «si no, Del Río tendría que cumplir 40 años y no 30».

Salama ha sostenido que la pena es el conjunto de las condenas impuestas y que la redención se debe aplicar a las mismas y no al límite del cumplimiento. Ha defendido que no ha sido un cambio legislativo retroactivo, sino un cambio de criterio.

Ha señalado que el cumplimiento de las penas depende de la conducta del preso y lo deciden los jueces, y que su actuación en el caso de Inés del Río cumple la Convención Europea de Derechos Humanos. Ha llegado a interpelar a los jueces de la Gran Sala si «el TEDH ha decidido convertirse en voz de cómo los estados aplican los permisos carcelarios».

En su intervención también ha intentado desligar el caso de la tafallesa de otros precedentes en Chipre y Gran Bretaña.

La defensa de Del Río, en cambio, ha destacado que a Inés del Río se le cambió la fecha de salida de prisión tras habérselo comunicado y que esta retroactividad supone una conculcación de los derechos humanos recogidos en los artículos 7 y 5 de la Convención Europea. Es decir, han vuelto a insistir en los argumentos que Estrasburgo ya reconoció en su sentencia de julio pasado.

Vista técnica y breve

La de este miércoles ha sido una vista breve y muy técnica y, tras la misma, los veinte magistrados que conforman la mayor instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos comenzarán la deliberación judicial, que puede durar semanas o meses. La defensa calcula que puede haber sentencia para junio, aunque otros medios citan que en ocasiones la Gran Sala se ha tomado hasta un año para resolver. Lo seguro es que habrá un fallo contundente y definitivo, no solo sobre este caso sino sobre el conjunto de esta polémica práctica.