La Sección Segunda de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha dado otro paso más para cerrar los flecos que quedan pendientes en el sumario 35/02, conocido como el de las «herriko tabernas», en el que se se encuentran imputados cuarenta dirigentes y militantes de Batasuna.

En un auto fechado hoy, la sala admite en su totalidad las pruebas presentadas por las acusaciones, mientras que rechaza algunas de las pruebas presentadas por las defensas de las más de cien sociedades afectadas.

Este nuevo trámite acerca la posibilidad de que comience el juicio contra los imputados en este macrosumario, que se prolonga ya más de diez años, y para los que la Fiscalía pide entre ocho y doce años de prisión. Tras este auto, se espera que el tribunal especial fije la fecha de inicio del juicio.

Desde 2002

El macrosumario 35/02 se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de once personas. Garzón decretó posteriormente el embargo de 75 «herriko tabernas» y su administración judicial. El 20 de agosto de 2002, el juez inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna argumentando «la integración aparente de ésta en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin».

Días más tarde, el 26 de agosto, el mismo juez emite un auto en el que decretaba la suspensión de todas las actividades de Batasuna.

El 2 de setiembre de 2002, el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

El 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo español dictó sentencia declarando ilegales los tres partidos políticos independentistas. Asimismo, ordenó la cancelación de sus respectivas inscripciones cursadas en el Registro de Partidos Políticos, decretó el cese inmediato de todas las actividades que realizaran esas formaciones y requirió proceder a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de las mismas.

Tras casi seis años de instrucción, Garzón concluyó el sumario en abril de 2008, procesando a un total de 41 militantes de la izquierda abertzale.

A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA. La mayor petición fiscal es para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria, para los que reclama 12 años de prisión acusados de «integración» en ETA en grado de «dirigentes».