En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández ha manifestado que el Plan de Paz presentado este martes tiene que ser un marco «en el que tengan cabida todas las aspiraciones democráticas legítimas».

Tras recordar que «las cuatro grandes familias políticas de este país (PNV, EH Bildu, PSE y PP) no coinciden en sus aspiraciones», ha manifestado que «eso no quiere decir que no puedan tener sitio».

«Es una aspiración legítima que haya un memorial de víctimas del terrorismo, que haya respuesta a la dimensión y gravedad del fenómeno del terrorismo en los últimos 40-50 años. Habrá algunos a los que no les gustará mucho esa idea, pero el plan la recoge y la hace suya porque es una aspiración legítima», ha asegurado.

Asimismo, ha precisado que también «es una aspiración legítima saber qué ha pasado con la tortura». «Habrá otros en la sociedad a los que no les parezca importante y prioritario, pero es una aspiración legítima saber qué ha ocurrido en ese sentido. Y el Plan lo recoge, sin prejuicios y apriorismos», ha apuntado, para señalar que habrá que investigarlo.

Jonan Fernández ha considerado que «eso es delicado, pero, estando en las alturas en las que estamos, o nos mojamos y nos comprometemos, ¿o para qué estamos aquí?». «Es un plan comprometido y no hemos tenido miedo. Lo que es la aspiración democrática y con un compromiso claro con los derechos humanos, tienen que estar», ha añadido.

En este sentido, ha precisado que son conscientes de que «el cien por cien del plan no puede gustar a las cuatro familias políticas de este país», pero aspiran «a que se sientan cómodas con un 70, 75 ó 80 por ciento». «Y el resto, que lo acepten porque hay que hacer un sitio a los demás y cada uno tiene sus aspiraciones, y ése es el espíritu del plan», ha añadido.

Posiciones de los partidos

Fernández ha realizado una valoración «muy positiva» de las reacciones que han tenido las cuatro grandes sensibilidades políticas porque «han sido constructivas y responsables». En esta línea, ha dicho que no esperaba que el plan recibiera «una ovación porque no sería ni lógico ni realista» y ha considerado que «es mejorable». Por ello, ha señalado que es una propuesta abierta a aportaciones.

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua, ha recordado que la portavoz del PSE, Idoia Mendia, ha manifestado que se trata de un tema que hay que sacarlo del debate público y trabajarlo serenamente en la ponencia o en el Parlamento. «Agradecemos esa reacción. Nos parece acertada y que está bien planteada», ha destacado.

Asimismo, se ha referido a las palabras del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, en las que ha aplicado las cuestiones en las que no está de acuerdo, «y las ha señalado con racionalidad y tranquilidad, y marca un espacio para trabajar». «Agradecemos a Arzuaga y a EH Bildu esta reacción porque es constructiva», ha añadido.

También se ha congratulado de la reacción del secretario general del PP de la CAV, Iñaki Oyarzábal, al indicar que el Plan tiene «aspectos mejorables», porque «está marcando un espacio de trabajo».

«Sabemos que nuestro plan no tiene el cien por cien de la verdad ni el cien por cien de la razón. Y esta reacción de los partidos me parece muy destacable y que nos permite abrir un campo de trabajo», ha aseverado.

Jonan Fernández ha considerado que «un gran acuerdo general no parece factible», por lo que se tendrá que avanzar en «pequeños acuerdos». Por ello, ha depositado en el Parlamento «tres pequeñas propuestas de acuerdo, muy comprometidas».

Una de ellas tratará de que se valore «conjuntamente el pasado»; otra, respecto al presente, consistirá en ver qué compromisos se adoptan «para generar confianza mutua»; y una tercera, referente al futuro, que tendrá como objetivo abordar actuaciones «para crear un compromiso socioeducativo por la convivencia».

«Queremos abrir un proceso de búsqueda del entendimiento que está al margen de las líneas de actuación, que requiere un proceso de diálogo pausado en el Parlamento», ha indicado.

Asimismo, ha indicado que hay 18 acciones que define el Plan y se ha pretendido, con ello, «crear un marco en el que quepan todas las inquietudes». De esta forma, desde este momento y hasta finales de setiembre, recogerán aportaciones de los grupos parlamentarios y sociales, mejorar el plan y, después, cuando se vaya a concretar cada uno de los proyectos, se volverán a buscar consensos.

Además, ha afirmado que es «muy importante entender que es un plan para estos cuatro años». «Por ejemplo, hemos hablado de que el Gobierno vasco quiere impulsar un programa propio en política penitenciaria. Ese programa hoy, en junio de 2013, no se puede articular, pero estamos haciendo un plan para cuatro años y queremos crear las condiciones para que ese programa se pueda articular. Ojalá sea cuanto antes», ha precisado.

Sin olvido

A su juicio, no puede haber «un olvido sobre lo que ha pasado y lo que han supuesto las violaciones de derechos humanos, la violencia y los atentados» porque «un olvido demasiado rápido no es bueno». No obstante, ha precisado que también «la distancia con lo que ha ocurrido facilita la búsqueda de puntos de encuentro, los giros y plantear nuevos proyectos e iniciativas».

Sobre el reconocimiento del pasado, ha indicado que, aunque el plan «es modificable, de principio a fin», es «algo que es un principio ético inamovible».

«Si no hay un reconocimiento de la realidad, no podemos hacer nada. Y lo que ha ocurrido es que ETA ha cometido cerca de 850 asesinatos, y eso es algo de una gravedad en sí mismo terrible, y eso no lo va a poder diluir ni disolver ninguna otra realidad. Eso forma parte de la realidad», ha añadido.

Además, ha manifestado que, «además de eso, también ha habido otras vulneraciones de derechos humanos y no hay ni que comparar ni que diluir ni que compensar, pero han existido». «Y nos tenemos que enfrentar a lo que ha ocurrido», ha puntualizado.

A su entender, las administraciones públicas tienen «un compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos», por lo que tienen que facilitar «el derecho a la verdad, a la justicia y a todas las víctimas, sin mezclar ni equiparar, pero también dentro de un principio de igualdad y no discriminación».

«Para garantizar ese proceso de verdad, justicia y reparación, tenemos que reconocer lo ocurrido, y la violencia es la que es: ETA ha hecho lo que ha hecho, y eso merece una valoración independiente, expresa, crítica y severa, con todo lo que ha supuesto. Y tenemos que analizar otras cosas que han ocurrido, si ha habido abusos policiales, denunciarlos y reparar a las víctimas; ha habido otras organizaciones terroristas que también han cometido atentados; y probablemente, ha habido torturas y habrá que investigar si las denuncias se corresponden con hechos reales o no», ha subrayado.

También ha considerado que sería «muy importante» un cambio en política carcelaria y ha precisado que el Gobierno de Lakua tiene «competencia para promover iniciativas», y por ello, impulsará medidas para «promover la reintegración» de los presos. En este sentido, cree que los presos deben dar «pasos» y el Ejecutivo de Rajoy tiene que proceder a un acercamiento.