Eduardo Vigo, Roberto Rodríguez, Antón Santos y María Osorio López, presuntos miembros de Resistencia Galega han declarado en la Audiencia Nacional española. Los acusados, que están en prisión desde diciembre de 2011, se enfrentan a penas de 12 y 20 años de prisión por «pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y falsedad documental».

Al juicio han asistido una treintena de independentistas gallegos y, a petición de la defensa, han declarado por videoconferencia los portavoces de los grupos políticos en el Parlamento gallego. Los cuatro han negado los hechos que se les imputan.

Durante su declaración, el presidente del PP gallego, Pedro Puy, ha explicado que su formación «ha sido objeto de al menos cinco ataques» en sus sedes con artefactos explosivos. Sin embargo, ha eludido atribuir esos ataques a algún grupo.

Desde el PSdG, su portavoz, Abel Losada, tambien a reconocido que cinco sedes de su partido han sido atacadas, pero tampoco ha atribuido a un grupo concreto.

Xoxe Manuel Beiras, portavoz de Alternativa Galega de Esquerda, ha asegurado que el nacionalismo gallego «no tiene carácter terrorista desde los años 80». Ha reiterado su desconocimiento de la existencia de grupos armandos en Galicia y de que exista tentativa alguna de subvertir el orden contitucional.

Francisco Jorquera, el actual portavoz de BNG, ha aseverado que el soberanismo gallego «siempre ha sido democrático y pacífico» y que no le consta que haya derivado en organizaciones armadas.

Por su parte, Samuel Juárez, delegado del Gobierno español en Galicia, ha dado por supuesto que se producen acciones violentas en Galicia, «con objetivos como sedes de partidos, oficinas de empleo o empresas con potencial daños a personas y bienes».