La organización ecologista denuncia el detrimento de la legislación sobre seguridad nuclear y el que mediante este proyecto se permite la continuidad de las centrales nucleares cuando hayan cesado su actividad exclusivamente por razones económicas.

De hecho, añade la ONG en nota de prensa, el proyecto contempla principalmente el caso de la nuclear de Garoña, ya que se introduce una disposición transitoria expresa para este supuesto.

A juicio de la responsable de la campaña Nuclear de la organización, Raquel Montón, para que a Iberdrola y Endesa les salgan las cuentas con Garoña, el ministro de Industria «está quebrantando» el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Entre los principales argumentos incluidos en las alegaciones, Greenpeace señala que la diferencia establecida entre cese y cese definitivo es «totalmente artificial, induce a confusión y puede elevar los costes tanto del desmantelamiento como de la posible puesta en funcionamiento».