-La resolución

PRESOS

La rumorología apunta a que este mismo mes puede llegar la ansiada sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el caso de Inés del Río, que fijará la posición europea ante la doctrina 197/2006. Madrid se previene contra una posible decisión contraria, por un lado, amagando con acatarla solo en el caso de la presa tafallesa (para el resto «habrá que hacer ingeniería jurídica», dijo el ministro de Interior) y, por otro, exacerbando a su opinión pública con la afirmación de que Estrasburgo liberaría así a «etarras, violadores, pederastas, asesinos en serie...». La norma habitual de la Gran Sala es notificar con anterioridad qué día se va a comunicar el fallo; de momento no hay noticias. Mientras tanto, Herrira activa la recta final de su campaña ‘‘Herritarron Epaia’’, que concluye con un acto el 14 de setiembre en el Polideportivo Anaitasuna. Según datos de finales de junio, 70 de los 600 presos actuales lo están por esta polémica doctrina. Por su parte, en las cárceles, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) ultima su reflexión sobre las recomendaciones del Foro Social; entre ellas, la de «que el proceso de reintegración se realice por medio de cauces legales, aceptando que el mismo, siendo integral, se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada y en tiempo prudencial. Este proceso requiere por parte de los presos mostrar su compromiso con el nuevo escenario de paz y renunciar a vías violentas. Además, en su caso, debe haber por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación».

EXILIADOS

El curso anterior concluyó con un vibrante acto en Biarritz en el que el Colectivo de Exiliados Políticos Vascos (EIPK) presentó una hoja de ruta para resolver su situación, en la que se plantea afrontar primero las situaciones más graves e ir materializando el retorno a casa de todos. La iniciativa tiene una potencialidad evidente. Se dirige a los agentes vascos, que tendrán que tomar posición respecto a esta cuestión, hasta ahora muy relegada e incluso desaparecida de la agenda de las consecuencias del conflicto. Los estados respondieron con su inercia habitual: Madrid instó a París a realizar algunas detenciones con las que amortiguar el impacto del acto de Biarritz, y París se aprestó a ello. Lo relevante es que el tema está sobre la mesa por primera vez en un inicio de curso político.

MACROJUICIOS políticos

Octubre traerá una foto inédita y preocupante. Nunca hasta ahora se habían sentado tantos ciudadanos vascos a la vez en la Audiencia Nacional española, y además por su mera militancia política. Se juzgará simultáneamente, y durante meses, a 40 militantes de la juventud independentista y a 36 exdirigentes de Batasuna, EH y HB. Al margen de cuáles sean las pretensiones finales del Estado, el daño ya está hecho en cuanto al enorme impacto que tendrán las vistas orales. Los propios imputados han lanzado la dinámica “Libre” para acumular fuerzas. Ya hay algunas fechas: Elkartasun Eguna el 29 de setiembre en Lekeitio, manifestación en Bilbo el 26 de octubre... Los muros políticos continúan. Tras Donostia y Ondarroa, en Iruñerria se ha levantado uno que defiende a Luis Goñi y Xabier Sagardoi, que llevan más de un mes escondidos tras sufrir condenas de cárcel por hacer política. Habrá que atender también a la deliberación del Constitucional español sobre el recurso del «caso Bateragune», que aceptó a trámite antes del verano. No tiene fecha tope para ello. Las previsiones no son buenas después de que se denegara su puesta en libertad cautelar pese a que el mes próximo Arnaldo Otegi y sus compañeros cumplirán ya cuatro años encarcelados sobre una condena de seis.

NEGOCIACIÓN/DESARME

O, si se prefiere, Gobierno-ETA. El desarrollo de la hoja de ruta de Aiete ha quedado atascado en el punto 2, dado que el Ejecutivo del PP rechaza cualquier negociación con ETA para abordar las consecuencias del conflicto. Le exige un desarme incondicional. Y tras la expulsión de Oslo de su delegación, intenta ahora reflejar esa cerrazón con la detención de Josu Urrutikoetxea, a quien ha fijado ya como objetivo expreso para estos meses después de que se le escapara en un intento anterior de captura, en julio. El verano ha sido prolijo en especulaciones verbales sobre eventuales desarmes de ETA desde todas las partes del arco político. Lo único seguro es lo que esta organización anunció en julio en su último comunicado: que estudiará y responderá a las recomendaciones del Foro Social que estima que «pueden ayudar a salir del bloqueo». Sobresale esta: «Con el objetivo de garantizar la seguridad a toda la ciudadanía, y como parte esencial del proceso de paz, recomendamos el diseño de un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA. Recomendamos que este proceso, a desarrollar en un tiempo prudencial, cuente desde sus inicios con la intervención y colaboración de organismos facilitadores independientes que den seguridad de lo realizado tanto a los Estados y sus instituciones como a la sociedad en general». En cuanto al repliegue de fuerzas militares y policiales, aconsejado también desde el Foro Social, no hay respuesta alguna de Madrid y París. Solo se han reducido las escoltas por motivos obvios, por innecesarias, casi hasta su desaparición total.

PLAN DE PAZ Y PONENCIA

El Gobierno de Lakua podría tener un papel destacado en el desbloqueo de toda esta cuestión si se lo propone, pero no está claro que se vaya a implicar. De momento, el curso pasado ya ha confirmado su desencanto con La Moncloa. Le ha costado, pero el PNV ha terminado por admitir que Mariano Rajoy no atiende a los criterios que Iñigo Urkullu le trasladaba con su famosa «discreción». Tras ello, los jelkides han abierto una interlocución con Sortu en la que esta cuestión es destacada, junto a la del derecho a decidir. Mientras, Lakua ha presentado un Plan de Paz de desarrollo incierto, tan incierto como el de la ponencia parlamentaria. Solo EH Bildu muestra un compromiso claro de recorrer este y todos los caminos que hagan falta. El Plan de Paz está en fase de consulta hasta el 20 de setiembre, cuando concluye el plazo de enmiendas. El PSE anuncia prácticamente una a la totalidad, al igual que el PP. Otro tanto ocurre con la ponencia: el PP se niega a participar y el PSE se hace el remolón, en un aparente intento de marcar al resto de participantes pero que podría desembocar incluso en su marcha del foro, apuntada por Rodolfo Ares. La primera reunión es el día 13.

IMPLICACIÓN INTERNACIONAL

El bloqueo impuesto por el Estado español sobre la hoja de ruta de Aiete está difuminando el impulso internacional. Su grado de implicación tendrá que resolverse este curso. En noviembre, el principal impulsor de la Conferencia de 2011, Jonathan Powell, volvió a Aiete, donde recomendó «no tener prisa» pero habló también de activar la comisión de seguimiento de la Declaración, algo que hasta ahora no se ha materializado, al menos públicamente. La Comisión Internacional de Verificación se encuentra también en stand-by por la cerrazón española y anunció que este mes de setiembre tomaría una decisión sobre su futuro, en función de si ve, o no, un papel a jugar. El Gobierno español nunca le ha dado legitimidad de interlocutor pese al nivel de sus miembros. Mientras, la participación internacional cobra otras nuevas formas. En el Foro Social ya fueron decisivas las aportaciones de expertos en conflictos de todo el mundo. Y en octubre en Donostia, promovida por el Ayuntamiento de Donostia, se anuncia una conferencia de «alcaldes por la paz» que darán testimonio de otros conflictos y procesos de solución, también con el único objetivo de aportar ideas. Por cierto, el lehendakari no estará en Donostia porque tiene previsto un viaje a Estados Unidos del 8 al 13 de octubre –la conferencia es el 10 y el 11–, lo que deja en evidencia a sus compañeros del PNV que dijeron temer que la cita de Donostia fuera una percha para alguna decisión de ETA (no parece que en ese caso Urkullu se alejara y emulara con ello el patinazo de Patxi López en octubre de 2011).

-La soberanía      

CATALUNYA Y ESCOCIA

Desde Euskal Herria se seguirá muy intensamente el desarrollo de los procesos catalán y escocés, que afrontan un curso crucial. Y que empieza ya, porque este sábado 7 habrá concentraciones de Independentistak en apoyo a la Diada y el miércoles 11 se llevará a cabo la cadena humana que reivindicará la soberanía a través de 400 kilómetros de norte a sur del Principat, con centenares de vascos también presentes. Mariano Rajoy ha pospuesto un viaje a China para seguir el desarrollo de la jornada, que podría dar paso a la convocatoria del referéndum. En Escocia ya tiene fecha hace tiempo: 18 de setiembre de 2014. La posición británica y la española no tienen nada que ver, ya que Londres ha consensuado el referéndum y aceptará el resultado, en tanto que Madrid apunta a todo lo contrario. No obstante, esto hace que desde la perspectiva europea el «problema catalán» pueda terminar siendo el «problema español», con sus efectos también sobre Euskal Herria. Entre medio, para rizar el rizo, UE, Londres y Madrid confluyen también en el conflicto de Gibraltar, que puede dejar herida a alguno de los contrincantes y en el que la parte británica ha puesto sobre la mesa la cuestión del derecho de autodeterminación como terreno de juego del litigio.

GURE ESKU DAGO

La dinámica social Gure Esku Dago, por el derecho a decidir, promete tener gran protagonismo en este curso. Se lanzó en primavera con una composición muy plural y con la idea de ir conformando una amplia red por la autodeterminación, a distintos niveles (por localidades, por sectores...). No está ligado a una iniciativa política concreta futura, pero sí busca crear el caldo de cultivo para que el tren que pasa ahora por Escocia y Catalunya recale también en Euskal Herria. Anuncia ya varias iniciativas, pero sobre todo un reto de altura: trenzar una cadena humana que una Durango e Iruñea (123 kilómetros) con unas 50.000 personas el 8 de junio de 2014.

NUEVO ESTATUS

El PNV ha anunciado en verano que este mismo mes de setiembre impulsará en el Parlamento de Gasteiz una ponencia para un nuevo estatus que luego sea sometido a referéndum. La cuestión fue relegada por Iñigo Urkullu a la segunda parte de la legislatura con el argumento de que la primera debía dedicarse a la crisis. EH Bildu le tiende la mano, pero matizando que ese proceso debe hacerse dentro y fuera de las instituciones. Falta ver cuál es el criterio de partida del PNV, que ha esquivado esta cuestión completamente en los dos últimos años. En su programa electoral hablaba de recoger el legado del borrador de Loiola de otoño de 2006. Urkullu no se define. Lo que está cantado es que el PP se encastillará en el actual estatus y, como punto de partida, el PSE solo aceptará una reforma estatutaria menor. El anterior proyecto de Lakua –en realidad nuevo Estatuto más que nuevo estatus– fue el de Juan José Ibarretxe, abortado por las Cortes españolas abruptamente en febrero de 2005 y abandonado luego por el lehendakari.

COLECTIVIDAD

La demanda de la Colectividad Vasca concluyó el curso con fuerza, en la manifestación del 1 de junio, pero en París cada vez está más descafeinado, como refleja la última maniobra de la ministra Lebranchu presentando un julio una última propuesta sacada de la manga que no obtuvo apoyos. Una frivolidad más en la misma senda abierta por la senadora del PS Espagnac con su polémica enmienda. Los agentes vascos tendrán que buscar respuesta a la inoperancia estatal para dar una respuesta a su reivindicación. Todo ello con unas elecciones municipales al fondo, en primavera de 2014. En mayo será el turno de las europeas, tanto al norte como al sur del Bidasoa.

LA GOBERNABILIDAD

Lakua
El tiempo agobia al Gobierno Urkullu, que tiene que sacar adelante sí o sí un proyecto de presupuestos para 2014 tras el primer fracaso. Se da por seguro el cierre de un acuerdo sobre fiscalidad con el PSE –según ha anticipado Joseba Egibar, en un par de semanas–. Pero no está tan claro que vaya a tener como continuidad un pacto presupuestario con el partido de Patxi López, que no está necesitado de ello, y menos aún para secundar unas cuentas a la baja y probablemente cargadas de recortes.

Iruñea
Una vez superada la pugna interna de marzo y la moción de censura de abril, y con el alivio de su exculpación por el Supremo en el caso de las dietas de la CAN, Yolanda Barcina afronta su tercer curso de la legislatura en extrema debilidad, pero con ciertas garantías de resistir sin tener que convocar elecciones. Gracias todo ello a la posición del PSN, que también quiere que las urnas estén cuanto más lejos, mejor, aunque sus últimas palabras intenten marear la perdiz. El flanco más débil para UPN en este momento es que la oposición está aprobando leyes de todo tipo frente a las que no tiene más respuesta que recurrirlas al Tribunal Constitucional. Con ello, UPN aparece cada vez más como el mayor riesgo para el régimen foral, cuestión que puede tener impacto en sus votantes, muchos de ellos escaldados ya por el escándalo de la CAN y por la escalada de recortes sociales.

Diputaciones
El morbo provocado por la presencia de Bildu hace que la mayor parte de la atención mediática y política se centre sobre la Diputación de Gipuzkoa o el Ayuntamiento de Donostia. Paradójicamente, son los que más solvencia han mostrado a la hora de aprobar sus presupuestos y otras normas importantes con acuerdos políticos a diferentes bandas. Entrados ya en el último curso preelectoral, se prevé un endurecimiento de la oposición con vistas a las urnas. Con todo, en Gipuzkoa el PNV también tendrá que dar explicaciones por su gestión anterior en el agujero de Bidegi y el impulso a la incineradora, caso este último en el que amenaza con entrar la Fiscalía. Con todo, mayores dificultades se pueden prever para otras instituciones como la Diputación de Araba, con serios problemas de recaudación y de falta de acuerdos políticos, pero fuera del foco mediático. La gestión del Ayuntamiento de Bilbo también empieza a estar en entredicho por asuntos como el de Bilbao Ría 2000, mientras el alcalde, Iñaki Azkuna, mantiene la batalla contra su enfermedad.

Madrid
El Ejecutivo español también sufre una deriva similar a la del navarro, pero la mayoría absoluta de Rajoy garantiza la continuidad hasta el final de la legislatura, es decir, hasta noviembre de 2015. Desde Euskal Herria se miran con lupa, además de las decisiones económicas, las que van dibujando un intenso proceso de recentralización. A la Ley Wert –contra la que se ha convocado una movilización en Bilbo en el emblemático 12 de octubre– se le suman otras en curso, como la que intenta controlar las actividades de las comunidades autónomas en el exterior o la que pretende extremar el control estatal sobre los ayuntamientos. Y cada viernes puede haber alguna sorpresa desagradable más.

-La economía

CONFLICTIVIDAD LABORAL

Tras haber decaído en julio numerosos convenios colectivos, la vuelta a la actividad laboral traerá consigo un aumento de la conflictividad en muchas empresas donde las condiciones laborales se están viendo rebajadas de forma unilateral. Y es que son muchos los empresarios que han hecho caso a las directrices de las organizaciones patronales y han comenzado a notificar a sus empleados el fin de la ultraactividad y la aplicación del convenio estatal, lo cual ya está provocando un incremento notable de conflictos colectivos ante el CRL. Los sindicatos prevén unos meses movidos en los que se lanzarán a la batalla jurídica y sindical para blindarse de la reforma laboral, y anuncian una respuesta contundente, sobre todo si el Gobierno español sigue las directrices del FMI, que hace justo un mes recomendaba reducir un 10% los salarios y un 1,75% las cotizaciones a la Seguridad Social.

PENSIONES

El Gobierno español vuelve también a la actividad y tiene previsto remitir a las Cortes, antes de que acabe setiembre, su proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones, que introducirá el denominado factor de sostenibilidad propuesto en junio por el «comité de expertos». Su informe desvincula la revalorización anual de las pensiones del incremento del IPC y la condiciona tanto a la esperanza de vida como a los ingresos y gastos del Estado. Ahora, por tanto, son los políticos quienes tendrán que decidir cuándo y cómo se aplica dicho factor. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anuncia que se reunirá mañana mismo con patronal y sindicatos para explicarles su propuesta. En Euskal Herria, la mayoría sindical y social ya ha mostrado su oposición a esta nueva reforma al entender que provoca la pérdida de poder adquisitivo para las pensiones y favorece los planes privados. Con el fin de variar el rumbo tomado en Madrid, consideran urgente disponer de un sistema público vasco de Seguridad Social.

FISCALIDAD

El comienzo del curso estará también marcado por el inminente pacto fiscal a dos bandas que ultiman PNV y PSE en el ámbito de la CAV y que pretenden extender a las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque para ello tendrán que asegurarse el apoyo del resto de fuerzas políticas. Dirigentes de ambos partidos dan ya por hecho el pacto –volverán a reunirse este martes para solucionar los últimos flecos– y aseguran que el acuerdo podría cerrarse «perfectamente» a mediados de setiembre, con el fin de que las Juntas Generales le den su visto bueno antes de fin de año. Cuestiones como el intercambio de datos para atajar el fraude fiscal y el papel que jugará el Parlamento de Gasteiz son los escollos que aún quedarían por solventar. El PP ya ha mostrado su intención de sumarse al acuerdo, mientras EH Bildu, que no ha sido convocada a ninguna reunión tras el encuentro que mantuvo con el PNV el 5 de junio, no oculta su escepticismo debido a la tradicional oposición de los jelkides a gravar a los sectores con mayor capacidad económica, aunque considera que es ahora cuando tiene la oportunidad de comenzar a moverse hacia posiciones más progresistas y equitativas, tal y como se está haciendo en Gipuzkoa.

-Otros factores

«Caso Bárcenas»

La evolución judicial y política del que puede ser el mayor caso de financiación ilegal de un partido en el Estado español no se limitará a Génova. El PP vasco también se ha visto envuelto en las acusaciones milimétricamente dosificadas del extesorero Luis Bárcenas, centradas en este caso en la sede de Bilbo, y lo han negado a todo, lo que les sitúa en la misma tesitura que Mariano Rajoy y otros líderes estatales si se acaban demostrando los hechos. Varios exdirigentes vascos del PP han reconocido haber recibido los famosos sobres con dinero. En Nafarroa ha resultado llamativo el afán de Jaime Ignacio del Burgo por impedir cualquier tipo de investigación parlamentaria. El recurso judicial delata nervios. El PSN también está en un brete ante la votación que se realizará en setiembre en el Parlamento para crear o no una comisión de investigación sobre esa trama. Y es que, mientras en Nafarroa se ha opuesto a que un foro similar indague el escándalo de la CAN, a nivel estatal ha reclamado una investigación del «caso Bárcenas» en las Cortes. Así que caerá en contradicción haga lo que haga.

«CASO CAN»       

Aunque el carpetazo en falso del asunto de las dietas en el Supremo español haya creado esa impresión general, el «caso CAN» está muy lejos de cerrarse en los tribunales. A lo sumo, ha demostrado que el Estado echará todos los capotazos necesarios para blindar el actual estatus, algo sobre lo que no había muchas dudas. Pero en Iruñea siguen investigándose otras cuestiones, como el supuesto trato de favor en créditos a políticos y familiares o la falta de inspecciones por parte del Gobierno navarro. La volatilización de la CAN no se explica solo por las dietas, que por muy inaceptables que fueran suponían solo una pequeña parte de la descapitalización. A todo ello se le suma la constatación de que las actas de las reuniones fueron modificadas posteriormente a la revelación de los desmanes en la CAN, lo que pudiera derivar en graves imputaciones. Por otro lado, la decisión del Supremo no ha atemperado la percepción social sobre los imputados, ya que los hechos –las dietas millonarias– no se discuten.       

«CASO CABACAS»

Otro de los casos judiciales que más interés despierta en Euskal Herria, y en cuyo trasfondo está el modelo policial, es el relativo a la muerte de Iñigo Cabacas por un pelotazo de la Ertzaintza. La conmoción general provocada por la difusión en GARA y Naiz de las conversaciones entre los mandos policiales aquella noche fue seguida por declaraciones del fiscal superior, Juan Calparsoro, augurando prontas imputaciones, pero sigue sin haber noticias. Las últimas incidían en que al parecer ni siquiera existen documentos sobre entradas y salidas de la base ni relación del material antidisturbios usado, lo que dificultaría identificar a los culpables. Ha pasado casi año y medio. En este caso no solo se juega su credibilidad política el anterior equipo de Interior, liderado por Rodolfo Ares y Miguel Buen –que asegura que dimitió en disconformidad con la actitud de los mandos policiales–, sino también el actual. La consejera Estefanía Beltrán de Heredia se ha revuelto indignada contra las sospechas de falta de implicación, pero en este caso la pelota está en su tejado.

EL TAV

El capítulo de las infraestructuras se ha visto sacudido por la crisis, de modo que no hay noticias sobre macroproyectos como el puerto exterior de Pasaia. Esto hace más relevante aún el sostenimiento contra viento y marea del proyecto del TAV, acelerado mediante costosos créditos por el Gobierno de Lakua en Gipuzkoa y por el navarro en el tramo Iruñea-Castejón. En el curso pasado se cayó, sine die, la conexión con Burdeos y se avanza que las de Burgos y Zaragoza se parchearán con un tercer hilo. El accidente de Santiago ha puesto en entredicho la seguridad de la alta velocidad, poco después de que Adif planteara mantener el inseguro sistema ASFA en varios tramos vascos. Las obras acaban de cobrarse su sexta víctima mortal en accidente laboral. Pese a todo ello, ni Urkullu ni Barcina se apean del tren.