La jueza María Paz Benito ha redactado una resolución en la que acuerda el sobreseimiento libre y el archivo de sus investigaciones sobre Caja Navarra, forzada por el Tribunal Supremo español.

En su día, la jueza navarra se reservó todo aquello que pudiera constituir delitos contra la Administración Pública, como el cohecho o la prevaricación. El resto acabó en la Audiencia Nacional. Sin embargo, el argumento que dio el TS para no imputar a Yolanda Barcina obliga a replantear los tipos penales y, por tanto, todo pasaría a ser competencia de la AN.

El Supremo aseguró que, a pesar de que Barcina era presidenta de Nafarroa y miembro de los organismos de Gobierno de CAN, tomó todas sus decisiones dentro de la caja como cargo orgánico de la misma y nunca como cargo público. Por tanto, la concesión de créditos blandos a consejeros que a su vez eran cargos públicos (que era el grueso de las investigaciones que llevaba a cabo Benito) pasaría de ser cohecho a delito societario. En consecuencia, tendrá que seguir investigándose en Madrid.

La jueza notificará su decisión al Juzgado Número 6 de la AN. Se da la circunstancia de que, hace unos meses, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado también diligencias sobre estos créditos, que no pudieron practicarse, porque ya estaban siendo investigados en Iruñea.

En la Audiencia Nacional están imputados el expresidente del Gobierno navarro Miguel Sanz, el ex director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, y Alberto Pascual (ex secretario general de la entidad), así como otros miembros del Consejo de Administración de Banca Cívica provinientes de Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos.