Las víctimas de «homicidio, lesiones, libertad, indemnidad sexual, terrorismo o de delitos cometidos en el seno de una organización criminal» serán algunas de las beneficiadas por este «derecho excepcional».

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha subrayado que el anteproyecto supone que el Estado español se convierta en el primer país de la Unión Europea en reunir en un solo texto todos los derechos de las víctimas.

Este Estatuto contempla el derecho de la víctima a que se le proporcione información del proceso penal en un lenguaje comprensible sobre cómo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y cómo puede acceder a medidas de protección y a asesoramiento legal, así como a la traducción de las resoluciones que se produzcan.

El anteproyecto reconoce el derecho de la víctima a estar acompañada y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió aunque no esté personada. Para ello, recibirá información de cuándo se celebrará el juicio, se le notificarán las sentencias y los sobreseimientos, así como la adopción de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro.

Las víctimas podrán recurrir los sobreseimientos, como reivindicaban las asociaciones, en los 20 días siguientes, un plazo muy superior al establecido hasta ahora de tres días. El Estatuto garantiza la posibilidad de recurrir también a los afectados que no se hayan personado anteriormente en el proceso.

Gallardón ha explicado que el texto introduce el que ha llamado «derecho de reflexión» para evitar «escenas dolorosas» como las producidas en los accidentes de Spanair y de Angrois.

«Significa prohibir en un mes que los abogados y procuradores tomen la iniciativa de dirigirse a las víctimas evitando escenas muy dolorosas donde determinados profesionales inmediatamente después del accidente y antes del entierro se dirigían a familiares para que contrataran sus servicios», ha explicado.