La acusación particular que ejerce la familia en el caso de la muerte de Iñigo Cabacas ha presentado un recurso de reforma contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 10 de Bilbo que tan solo imputa a cuatro ertzainas que participaron en aquel operativo. La abogada Jone Goirizelaia estima que la resolución de la juez no atiende a todas sus peticiones, incidiendo expresamente en que existen razones para que «Ugarteko», el mando que ordenó la noche del 6 de abril de 2011 la carga en el callejón de María Diaz de Haro desde la comisaria de Deustua, sea imputado, así como otros policías autonómicos que participaron en aquellos hechos y que hasta ahora han sido considerados testigos.

De «Ugarteko» tan solo se sabe que su número profesional es el 3.316.

La acusación extiende las responsabilidades penales a los participantes en las reuniones en las que se preparó el operativo y deja claro que conocen quiénes estuvieron, citando al anterior director de la Ertzaintza, José Antonio Valera, y al viceconsejero Miguel Buen. Goirizelaia ha dicho que espera que la juez Ana Torres dé el visto bueno a la práctica de nuevas diligencias solicitadas por ellos.

La letrada ha valorado como «un paso adelante» la resolución del juzgado, aunque ha dejado claro «que no es suficiente», reiterando que hay responsabilidades penales que se obvian en el auto.

Malestar de Manu Cabacas y Fina Lizeranzu

Por su parte, Manu Cabacas no ha ocultado su malestar por el manto de silencio que cubre al caso de la muerte de su único hijo. De los actuales responsables del Ejecutivo de Lakua, ha señalado que siguen la estela del saliente. «No estamos muy contentos», ha manifestado, antes de desvelar que ni de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia ni de burukides como Itsaso Atutxa o Andoni Ortuzar no recibieron más que buenas palabras al principio y ahora «ningún apoyo, ningún ánimo». «Mi hijo y nosotros no merecemos ese trato», ha indicado.

El padre de Iñigo Cabacas se ha quejado de que los responsables institucionales se hayan olvidado de ellos, después de que el año pasado desde el Consistorio bilbaino les llamaron para participar en un acto de recuerdo a las víctimas. «Este año ni nos han llamado para preguntarnos si queríamos participar», ha apostillado, al tiempo que ha confesado sentirse «muy molesto, muy dolido» con las administraciones. Su esposa, Fina Lizeranzu, ha corroborado que se sienten ninguneados por los responsables gubernamentales, incidiendo en su condición de víctimas de una actuación policial.