Abogados de las ocho personas detenidas en la operación del miércoles han comparecido en Bilbo para valorar la redada «político judicial» llevada a cabo el miércoles. En nombre de todos, Alfonso Zenon ha explicado que la Guardia Civil también pretendía detener a otras dos personas: Fernando Arburua, integrante de la asociación Jaiki Hadi; y Nagore López de Luzuriaga, miembro de Etxerat.

Además, la operación contemplaba el registro de las celdas de los presos Unai Fano, Ainhoa Mujika, Josetxo Arizkuren, Idoia Martínez, Anabel Egues, Xabier Alegria y Jon Olarra, los tres últimos interlocutores de EPPK.

También ha dado cuenta de la intención de cerrar los perfiles de Twitter y Facebook del grupo de interlocutores del Colectivo.

Tras resaltar que en esta redada se han cometido «auténticas barbaridades jurídicas», ha resaltado que a pesar de que a los arrestados se les acusa de «pertenencia, financiación y enaltecimiento del terrorismo», en las imputaciones del juez Velasco se recoge la actividad pública del grupo de mediadores de EPPK, como reuniones, ruedas de prensa, su participación en el Foro Social y otros actos «públicos y transparentes» pero, en ningún caso, actuaciones relacionadas con ETA. Por ello, ha exigido la inmediata liberación de los detenidos.

Los letrados concluyen que se trata de una operación contra EPPK, contra sus interlocutores y contra los abogados que defienden a los presos. El Gobierno español, ha denunciado, «quiere actuar contra EPPK, que no se les defienda. Está fuera de juego y no quiere dar a conocer sus decisiones y por eso no puede asumir que el paso que ha dado es de gran importancia».

Registro «ilegal»

También ha tomado la palabra el abogado Iñaki Goioaga, quien en primer lugar ha desmentido que ayer estuviera «desaparecido» e ilocalizable, como han publicado algunos medios de comunicación. Se ha mostrado enfadado con el «amarillismo» de cierta prensa y ha calificado de «ilegal» y «chapuza» el registro de su despacho.

En su opinión, tras esta operación existe la intención de buscar una solución policial a un problema político.