Las mancomunidades de residuos de San Markos y Debabarrena interpondrán un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo alcanzado entre el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) y las empresas adjudicatarias de la construcción de la incineradora de Zubieta para rescindir este contrato «a cambio del pago de una indemnización de 13 millones de euros», si bien la propia GHK asevera que son 8,2 millones.

Los presidentes de San Markos y Debabarrena, Denis Itxaso y Arcadio Benítez, ambos del PSE, acompañados por sus vicepresidentes, Mikel Pagola y Ricardo Garate, del PNV, han señalado que las mancomunidades «no pueden permanecer impasibles cuando el dinero que los ciudadanos abonan para la construcción de las infraestructuras previstas por el PIGRUG se derrocha pagando indemnizaciones, sin que se haya puesto en marcha ni una sola infraestructura alternativa y con el problema de las basuras a punto de colapsar Gipuzkoa».

En este sentido, han señalado que «desde hace dos años se abona a GHK una tarifa de 145 euros por tonelada de residuos, parte de la cual está destinada a sufragar unas inversiones que no se están realizando, sin que el Consorcio de Residuos modifique esta cantidad ni ofrezca un desglose de la misma».

Para los responsables de ambas mancomunidades «la situación descrita reviste mayor gravedad, si cabe, cuando la decisión del pago de los 13 millones de euros a las adjudicatarias de las infraestructuras de Zubieta se ha realizado contra el criterio de los informes técnicos, económicos y jurídicos de los propios técnicos de GHK».

A su juicio, en la paraliazación de la incineradora «ha existido un criterio político que ha querido pasar por encima de informes técnicos, resoluciones judiciales e, incluso, de los propios estatutos del Consorcio, que señalan que su objeto social es el desarrollo de las infraestructuras ahora paralizadas. Todo ello, con el agravante de ignorar la voluntad de los ciudadanos de Gipuzkoa expresada en las Juntas Generales».