El macrojuicio contra jóvenes independentistas se encuentra en su fase final con la exposición de las conclusiones. A pesar de que en un primer momento se preveía que la de hoy sería la última sesión, se prolongará mañana y probablemente también el 4 de febrero.

En la jornada de hoy, la Fiscalía ha dado continuidad a sus conclusiones y posteriormente ha sido el turno de la acusación particular, ejercida por Dignidad y Justicia.

Después ha tomado la palabra la defensa, que ha planteado al tribunal una posible «cuestión de inconstitucionalidad» que justifica por la «desproporción» de las penas respecto a los hechos juzgados.

Según ha explicado la abogada Amaia Izko, la primera en intervenir, la aplicación de una condena de entre 6 y 12 años (tal y como está previsto en el Código Penal, aunque la Fiscalía se ha acogido al tipo más bajo) podría vulnerar los derechos fundamentales de expresión, reunión y asociación. «Se trataría de una resolución contraria a la Constitución», ha planteado. «La comparación entre la entidad de los hechos y de la pena, llevándolo a un ámbito práctico, resulta, a nuestro entender, desproporcionado, por castigar con seis años un hecho que podría ser calificado de 'integración' pero que se desarrolla excluisvamente en ruedas prensa, encuentros juveniles, concentraciones o venta de pegatinas y camisetas», ha argumentado. Por eso, ha instado a los jueces, en nombre de toda la defensa, a elevar la causa al Tribunal Constitucional. Ahora toca posicionarse a los tres magistrados que conforman la sala.

Adecuarse al contexto actual

Además de la cuestión de inconstitucionalidad, los defensores de los jóvenes han considerado también necesario adecuarse al «actual contexto social y político». Un planteamiento ya reivindicado por los propios jóvenes durante sus declaraciones, que se desarrollaron a partir del 14 de octubre.

Kepa Mancisidor se ha extendido sobre la jurisprudencia existente acerca de la definición de «organización terrorista» y ha recordado que incluso los tribunales españoles delimitaron el concepto de «militancia activa» para condenar a jóvenes acusados de pertenecer a Segi, ilegalizada por el Tribunal Supremo. «Si tenemos en cuenta que su actividad no constituye una actividad delictiva (en relación a la ausencia de imputaciones por hechos violentos), difícilmente se les podrá imputar lo que los tribunales han venido a definir como militancia activa», ha argumentado.

Previamente, el fiscal Luis Barroso y la acusación popular, ejercida por Dignidad y Justicia, habían concluido con sus argumentos. El representante del Ministerio Público ha hecho un relato basado en los informes policiales y las inculpaciones obtenidas en comisaría, donde 32 de los 40 jóvenes procesados (A la espera de que se inicie el juicio contra Idoya Iragorri, Unai Ruiz, Goizane Pinedo e Irati Mujika, que no se presentaron ante la Audiencia y han sido detenidos) denunciaron torturas. Los malos tratos también han estado presentes en los alegatos de la acusación: por una parte, el fiscal ha mencionado todos los casos aunque intentando restarles valor y ha planteado que será la sala la que tenga que determinar si el juez instructor, Fernando Gande-Marlaska, puso medios para evitarlas cuando algunos de los arrestados relataron sus tormentos ante el forense.

Por su parte, el colectivo ultra Dignidad y Justicia se ha limitado a refutar las denuncias dando credibilidad al testimonio de los policías.

40 pertsonalidades leerán el último alegato

El juicio continuará mañana con los alegatos de la defensa y quedará visto para sentencia una vez que la defensa termine su exposición. Todo apunta a que la sesión de este viernes no será suficiente para ello, por lo que el juicio se retomará el próximo 4 de febrero. La semana pasada, los procesados anunciaron que no realizarían su último alegato en Madrid, y que en su lugar lo harían personalidades vascas.

Hoy han anunciado que son 40 las personas conocidas que han suscrito ese último alegato, y será una representación de ellos quien lo haga público (será a las 11.00 en un hotel de Donostia). Además, en Iruñea en la Plaza del Ayuntamiento realizarán una lectura pública del mismo alegato y se han organizado varios actos similares en varias localidades. Previo a ello, han difundido en la red vídeos en los que algunos que han suscrito el alegato adelantan parte del contenido y muestran su apoyo a los procesados: