Diez días después del cambio de régimen en Kiev y con el mundo en vilo por la crisis en Crimea, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció ayer que deja abierta la posibilidad de enviar tropas a las regiones orientales, pobladas por rusohablantes, si la situación así lo requiere.

Putin rompió su enigmático silencio para decir que, de momento, no va a enviar esas tropas a Ucrania, pero lo contempla «si la situación se desborda como en Kiev». «¿Cuál puede ser el motivo para el uso de las Fuerzas Armadas? Por supuesto, un caso extremo», dijo el jefe del Kremlin.

A ratos tranquilo, a ratos desafiante, el líder ruso compareció en un encuentro con la prensa difundido por televisión para subrayar que lo ocurrido en Kiev fue «un golpe de Estado anticonstitucional» y el resultado de una insurrección armada, que el nuevo poder ucraniano es ilegítimo y rehén de extremistas nacionalistas y propicia que campen a sus anchas bandas de «borrachos armados».

Dicho esto, Putin justificó la necesidad de defender a los rusohablantes de las regiones del este y el sur de Ucrania o a los rusos étnicos de Crimea (península rusa cedida a Ucrania en 1954), donde el 27 de febrero el Parlamento local designó un Gobierno afín a Moscú. Rusia «tiene una petición del presidente legítimo de Ucrania», dijo Putin, en alusión a Yanukóvich, actualmente refugiado en territorio ruso. Confirmó que se ha reunido con él y así, de paso, negó los infundios que apuntaban a que había muerto.

Desde el fin de semana, Putin cuenta con la autorización formal del Senado para una eventual actuación en Crimea. De momento, buques de la Marina rusa bloquean los dos extremos del estrecho de Kerch, que separa ambos países, constató la Guardia Fronteriza de Ucrania.

La OTAN y Washington replicaron con declaraciones disuasorias. «A pesar de las repetidas peticiones de la comunidad internacional, Rusia sigue violando la soberanía e integridad territorial de Ucrania y continúa violando sus compromisos internacionales», afirmó el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, al término de una reunión solicitada por Polonia. Para Rasmussen, «estos acontecimientos presentan graves implicaciones para la seguridad y estabilidad del área».

Desde Washington, Barack Obama rechazó también que Rusia tenga legitimidad para intervenir en suelo ucraniano, aunque sea en defensa de la población rusohablante. Pero el apoyo más expreso de su Administración al nuevo régimen ucraniano fue el traslado a Kiev de John Kerry, su secretario de Estado. Tras reunirse con las autoridades salidas de la revuelta del Maidán, Kerry acusó a Rusia de «buscar un pretexto para invadir Ucrania».

Respaldo concreto

El apoyo estadounidense no es solo verbal y diplomático, sino también económico y técnico. Así, Kerry, que homenajeó a las víctimas de la represión, anunció que Obama trabajará con el Congreso para aprobar garantías de crédito de 1.000 millones de dólares para ayudar a aliviar el impacto sobre los ucranianos del recorte propuesto a los subsidios energéticos.

Además, Estados Unidos enviará expertos técnicos para asesorar a su Banco Central y a su Ministerio de Finanzas sobre cómo hacer frente a los retos económicos del país y combatir la corrupción. Y entrenará a observadores para las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo.