GARA dio a conocer en la tarde del martes el inicio del proceso de tramitación de las solicitudes de repatriación por parte de los miembros del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). El primer turno, integrado por dieciséis prisioneros en situación especialmente urgente por estar enfermos y tener más de 70 años, dispone de un plazo de tres semanas para materializar estas peticiones ante la administración. Instituciones Penitenciarias apunta que no le confirmaba anoche la recepción de las primeras solicitudes. Pero antes de que trascienda su contenido exacto, y haciendo caso omiso a lo expresado por EPPK, diferentes partidos, instituciones y medios se adelantan ya para intentar dar a entender que defraudarán las expectativas y no tendrán recorrido.

La veda fue abierta el miércoles por Iñigo Urkullu en Euskadi Irratia, al exhortar a los presos a «reconocer el daño injusto causado», en declaraciones que resultaron incluso más duras que las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Esta misma exigencia fue trasladada ayer por PNV, PP y PSE en el Parlamento de Gasteiz, en el debate de una proposición de UPyD sobre la cuestión de los beneficios penitenciarios que no deparó ningún acuerdo.

A falta de conocer el contenido concreto de las peticiones y su desarrollo posterior, estas afirmaciones políticas parecen conllevar un intento de sembrar confusión sobre la iniciativa. Y es que el reconocimiento del daño fue expresado por EPPK ya en la declaración del 28 de diciembre, que abrió la puerta a este paso que nunca había dado el Colectivo. En ella se leía textualmente que «reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral causados». Los presos y presas vascos se declaraban además dispuestos a «analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado con condiciones y garantías suficientes».

Como apuntó GARA el miércoles al dar cuenta del inicio de esta campaña de peticiones, en sus solicitudes cada preso hará constar expresamente su adhesión a esta declaración, al margen del resto de consideraciones que puedan hacer.

Comparecencias y casos

En el trámite posterior, que se inicia en las Juntas de Tratamiento de cada cárcel -en el caso del Estado español- para que luego Instituciones Penitenciarias tome la decisión definitiva, parece bastante posible que a los presos se les pida alguna concreción mayor. Frente a los partidos que coinciden en sembrar dudas al respecto, en la entrevista publicada por GARA el 15 de febrero pasado, dos de los portavoces de EPPK (Marixol Iparragirre y Jon Olarra) ya dejaban claro que «compareceremos ante la administraciones penitenciaria».

Indicaban que «lo haremos con una actitud digna, es decir, sin negar lo que somos». Y aceptaban que se trata de «algo necesario, de modo que nuestras peticiones tengan un marco legal». Después, preguntados sobre la cuestión en la que PP, PSE y PNV ponen el foco, Olarra recordaba que «hemos dicho claramente que reconocemos el sufrimiento y el daño causado en muchos lados a consecuencia del conflicto. Igual que hemos dicho claramente que este colectivo y cada uno de nosotros tiene la disposición a analizar su responsabilidad, dentro de un proceso que incluya garantías». Por su parte, Iparragirre adelantaba que «lo haremos afrontando las razones de fondo, lo hecho y la verdad».

Por otro lado, a nadie se le escapa que una exigencia del reconocimiento del daño no tendría la misma repercusión para cada preso. Así, varios medios han remarcado que en la lista de estos dieciséis prisioneros que abren esta vía figura Josetxo Arizkuren, dada su grave enfermedad, así como otros que acumulan largas condenas de cárcel por atentados de ETA. Sin embargo, en la misma medida se ha obviado que otros presos de este grupo están en la cárcel por actividades exclusivamente políticas y totalmente pacíficas, en las que la cuestión del «daño causado» resulta absolutamente inexistente o muy difusa.

Itxaso Atutxa e Iñigo Urkullu

Entre los dirigentes políticos que están valorando críticamente esta iniciativa antes de tener base objetiva mínima para ello figura la presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa. Haciéndose eco de elucubraciones de prensa, afirmó ayer en Radio 5 que si los presos utilizaran «formularios conjuntos» en sus solicitudes, eso podría «entorpecer» o «ralentizar» la respuesta positiva a su demanda.

Atutxa también aludió al supuesto interés electoral subyacente en la iniciativa del que, también sin base alguna, habló anteayer el lehendakari. Aunque en este caso Itxaso Atutxa mo fue tan lejos como Iñigo Urkullu. Se limitó a decir que «durante muchos años la izquierda abertzale e incluso ETA nos han tenido acostumbrados a acercar acontecimientos, novedades y procesos a los periodos electorales. Eso estaría absolutamente fuera de lugar».