Los imputados por el bloqueo del Parlament el 15 de junio de 2011 han decidido no responder a las preguntas de las acusaciones durante la primera sesión del juicio celebrado esta mañana en la Audiencia Nacional. Han sido 19 del total de 20 imputados los que se han sentado en el banquillo, ya que una persona ha decidido no presentarse al juicio, por lo que ya se ha dictado una orden de busca y captura.

El juicio ha comenzado con varias impugnaciones por parte de la defensa, como la petición de retirar de la causa a la organización ultra Manos Limpias, por no ser parte perjudicada y por personarse por intereses políticos y no jurídicos. La defensa tampoco ha considerado parte perjudicada a la Generalitat, ya que la institución contra la que se acusa a los imputados de haber antentado es el Parlament. Además, la defensa ha cuestionado algunas pruebas –como los vídeos cuya custodia policial se perdió durante 4 meses–, ha denunciado que las identificaciones se realizaron mediante ficheros ilegales y ha anticipado una de las líneas de la defensa al argumentar que los hechos descritos por la Fiscalía no son constitutivos de delitos, sino de faltas.

Después de que los jueces hayan rechazado todas las cuestiones previas ha venido el turno de las declaraciones de los imputados, que han decidido no responder a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones –Manos Limpias, Generalitat y Parlament–. La defensa, por su lado, no ha realizado preguntas.

El juicio continuará mañana con la declaración de 10 mossos d'esquadra y tendrá dos de los momentos más mediáticos el miércoles y el jueves, cuando declararán por videoconferencia la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y el president, Artur Mas.

La Fiscalía pide para los 20 imputados hasta cinco años y medio de prisión por los delitos de «atentado» contra la autoridad y contra las altas instituciones del Estado, mientras que Manos Limpias eleva la petición hasta los ocho años y suma los delitos de sedición y asociación ilícita. El Parlament imputa los mismos delitos que la Fiscalía a los encausados, aunque la petición de cárcel es de tres años. Igual que en el caso de la Generalitat, que sin embargo, limita su acusación a los cuatro imputados que supuestamente impidieron el acceso de Mas al Parlament en coche.