El Gobierno español no sabe cómo ha podido ser que conversaciones privadas de Arnaldo Otegi con su familia u otros interlocutores políticos han acabado apareciendo reproducidas en diferentes medios informativos durante los últimos años. A pesar de ser evidente que el político vasco se encuentra preso en la cárcel de Logroño y que únicamente funcionarios tienen acceso a la intervención de sus comunicaciones, el Ejecutivo español señala que «no consta que las autoridades judiciales hayan vinculado a ningún funcionario por los hechos referidos. Tampoco se han encontrado evidencias que justifiquen procedimiento disciplinario alguno».

Sin embargo, lo que sí le consta al Gobierno es que «existe una cuenta de Twitter a nombre de la persona concernida que es fuente constante de abundante información sobre el mismo y sobre cuyo contenido el afectado no ha dado explicación alguna».

Respuesta al Congreso

Los párrafos anteriores no corresponden a una charla de barra de bar, sino a una respuesta oficial del Gobierno español a una pregunta realizada por el Congreso de los Diputados.

El diputado de Amaiur Jon Iñarritu mostró hace meses su preocupación por la constante aparición en prensa de comunicaciones privadas de Arnaldo Otegi, a lo que el Gobierno español le respondió que «vela por el pleno respaldo a los derechos» de los presos.

Al comprobar que las filtraciones continuaban, Iñarritu volvió a dirigir una pregunta al Gobierno para que informara sobre si había abierto alguna investigación sobre la vulneración del secreto de las comunicaciones, si había identificado al autor de las mismas o si, al menos, había tomado alguna medida para evitar que este tipo de hechos volvieran a suceder.

El diputado de Amaiur también cuestionaba al Ejecutivo sobre si atendiendo a la voluntad manifiesta de velar por los derechos de los presos, era capaz de garantizar que «no se van a volver a publicar conversaciones de internos, sin su expreso consentimiento, o extractos de las mismas, mientras se encuentren en prisión».

El Gobierno español ha respondido a la pregunta de Amaiur, asegurando que no ha encontrado motivo alguno de investigación, haciendo referencia a la cuenta de Twitter que evidentemente no la gestiona Arnaldo Otegi desde su celda en la prisión de Logroño y añadiendo después que «los derechos del citado recluso, como los de cualquier otro, están suficientemente protegidos, tanto por la legalidad penitenciaria como por las instancias judiciales de control de la Administración Penitenciaria».