En su intervención en estas jornadas ha hecho mención al «derecho penal del enemigo». ¿Se ha aplicado en Euskal Herria esta fórmula?

El «derecho penal del enemigo» es el no-derecho. La legislación de excepción es una respuesta a la excepcionalidad del ataque terrorista. Ante esto caben dos reflexiones: lo excepcional tiene esa capacidad de expansión, de modo que al final termina siendo todo excepcional. En segundo lugar: nada es para siempre. La legislación de excepción que ha habido en España tiene el ADN de ETA. Ha sido el único terrorismo endémico que hemos tenido. Ha cesado la actividad, no se ha disuelto pero ha cesado. Este es un dato objetivo que permite una reflexión: ¿Conviene que se mantenga esta legislación o que se vayan eliminando pasos de esa excepcionalidad? Creo que conviene que se reflexione y se desmonte. Porque, entre otras razones, no queda suficientemente justificada, los efectos policiales de investigación son más que dudosos, porque ya no hay actividad terrorista, y es cierto que es un foco en el que pueden existir abusos policiales o malos tratos.

Se refiere, por ejemplo, a la detención incomunicada.

Sí. Me refiero a la incomunicación, la no-elección de abogado, la ampliación de la detención durante dos días, la dispersión... No quedan suficientemente justificados. Sería conveniente que en el Parlamento, que es donde se hacen las leyes, se fuera reflexionando y eliminando grados de esa respuesta excepcional.

Ante este diagnóstico, ¿cree que se pueden esperar movimientos desde el ámbito jurídico?

Se ha dicho varias veces que esa legislación de excepción es muy perturbadora y que incluso desde el punto de vista de la eficacia, no es tal. La última ocasión, en la sentencia de la Audiencia Nacional (la que absolvió a 40 jóvenes). No puede ser un factor de deslegitimación de la propia respuesta institucional.

La sentencia a la que hace referencia es muy clara. Sin embargo, las denuncias por torturas presentadas por los jóvenes fueron sistemáticamente archivadas...

Cuando se presenta una denuncia de torturas, hay que investigarla. Ya ha habido alguna decisión en este sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque pueden surgir dos cosas. Por una parte, una estrategia sistemática de denuncia de torturas. Se han cogido documentos que explicaban cómo se actúa en este sentido. Pero es que también han existido torturas. Pueden ser ciertas las dos cosas.

En este caso se presentaron querellas y ninguna prosperó, lo que apunta a que no se investiga de forma sistemática.

En este caso lo desconozco, pero hay sentencias de Europa que dicen que cuando se ha hecho una investigación rutinaria no, que tiene que ser seria. No nos podemos permitir que haya torturas en las comisarías. Son atajos intolerables.

En su ponencia ha insistido en la idea de que la izquierda abertzale debe de «pedir perdón» por el «daño causado».

Entiendo que sí. Es un perdón político y social. De reconocimiento de que «nos hemos equivocado». La izquierda abertzale ha estado dando argumentos, sustento, discurso... y esto no es la primera vez que lo he dicho.

¿Cree que el Estado debería de pedir perdón, o al menos reconocer violaciones de derechos humanos como la tortura?

Judicialmente se ha reconocido, tanto en sentencias de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo. Y el judicial es un poder del Estado. ¿Quién es el Estado? ¿El presidente del Gobierno? No. Son los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo tanto hay que ser rigurosos. El judicial lo ha hecho. El parlamento... si elimina las excepcionalidades es un reconocimiento expreso de que algo ha cambiado y de que no queda justificado. Con esto se evitan extravíos o excesos policiales. No se crea la situación en la que se puedan dar estos excesos. Evidentemente, poner esta equidistancia tan querida en algunos discursos entre Hipercor y la detención ilegal y los maltratos... En fin.