Los grupos municipales, en el turno popular y dando la espalda al Javier Maroto (PP), han censurado de esta forma en el pleno las declaraciones realizadas por el primer edil, y respaldadas por el diputado general Javier de Andrés, en las que el primero aseguraba que los ciudadanos de origen argelino y marroquí «viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse».

El pleno de Gasteiz ha debatido este viernes una moción, que ha salido adelante con el único rechazo del PP, en la que se reclama el compromiso del alcalde a no utilizar «de forma partidista» la inmigración y las «problemáticas derivadas de la misma en las sucesivas y próximas convocatorias electorales, tanto locales, como autonómicas o generales».

En el segundo turno de intervenciones, los portavoces de PNV, PSE y EH Bildu han leído en el espacio del turno popular un texto acordado en el que manifiestan «en representación de una parte importante de la sociedad vitoriana» su más «absoluto rechazo a los discursos políticos que amparan y promueven el racismo y la xenofobia».

Además, han criticado a quienes «como el propio alcalde, manipulan y falsean información para sustentar la persecución y rechazo del diferente» porque «ponen de manifiesto no solo la falta del más mínimo escrúpulo para atacar los valores de solidaridad y justicia social» sino que «demuestran graves carencias en sus convicciones democráticas».

«Hacemos un llamamiento a la sociedad vitoriana a defender con firmeza la solidaridad como seña de identidad de Vitoria y solicitamos a los jueces y tribunales que actúen con firmeza contra quienes vulneran los principios de la convivencia democrática», han concluido.

Concentración de SOS Racismo

Durante el pleno, SOS Racismo se ha manifestado en el exterior del Consistorio para reprobar las declaraciones del alcalde. En declaraciones a los medios de comunicación, su portavoz, Fede García, ha pedido a Maroto «que se calle» y ha informado de que ha presentado ante la Fiscalía un escrito en el que pide que se abran diligencias y se investiguen sus declaraciones al considerar que «podrían ser constitutivas de un delito de incitación al odio por motivos raciales o étnicos o en su caso, una falta contra la dignidad de las personas».