Todavía están pendientes dos hilos: el origen de las armas y la vinculación del grupo con formaciones políticas legales». Toni Gisbert, portavoz de la acusación popular en el juicio celebrado en este mes de julio contra 18 neonazis en València, explica las tareas pendientes tras el procedimiento. Transcurridos ya ocho años desde que la Policía española desarrollara la «operación Panzer» y a la espera que se haga pública la sentencia, 18 miembros del grupo Frente Anti Sistema se enfrentan a 42 años de cárcel. Cuando fueron arrestados, además de propaganda fascista, las FSE se incautaron de un arsenal de armas procedentes del Ejército español. Unas armas que, meses antes del juicio, fueron destruidas por la Guardia Civil con el aval del Tribunal Superior de Justicia de València. Con esta medida no solo se se puso fuera de circulación una prueba clave en un juicio que todavía no se había celebrado, sino que se impidió seguir la pista sobre el origen del arsenal. Un hecho determinante, ya que buena parte de la munición procedía del Ejército de Tierra. Un hecho que no ha quedado aclarado pese a que dos de los 18 imputados son militares y formaban parte de la «Junta de Mando», la dirección del grupo desarticulado. Pese a los indicios, ambos uniformados han seguido en activo desde que fueron detenidos.

¿Qué ocurrió para que un arsenal bélico fuese «achatarrado» pocos meses antes del juicio? Nadie lo ha esclarecido. Entre las armas había lanzagranadas, pistolas, revólveres, escopetas repetidoras, escopetas de culata recortada, munición y acoples para utilizar silenciadores. Y hay que tener en cuenta que los neonazis no solo se estaban armando, sino que presuntamente traficaban con el arsenal. Por eso, resulta sospechoso que no se respetase la cadena de custodia y terminasen destruidas.

«Ha existido una pasividad por parte de los aparatos del Estado», asume Gisbert, que remarca su satisfacción por el hecho de que el juicio se celebre por fin. Sin embargo, lamenta que el juez de València no haya considerado llamar a declarar a varios testigos que podrían ser claves; especialmente, un traficante de armas búlgaro que podría arrojar luz sobre cómo el arsenal militar terminó en manos de los ultraderechistas. Algo que evidencia la «falta de control» sobre el Ejército y sus miembros.

Caras conocidas en la ultraderecha

El otro elemento pendiente son los vínculos de este grupo con formaciones como Alianza Nacional. En las escuchas practicadas por las FSE se detectaron lazos con Pedro Pablo Peña, que fue secretario general de la formación ultra y en 2000 fue condenado por tenencia de explosivos cuando pretendía atentar contra el autobús de familiares de presos vascos. Entre los imputados también se encuentran Pedro Cuevas, condenado a 16 años por matar al joven independentista Guillem Agulló en 1993 y candidato de AN en diversos procesos electorales, así como José Alejandro Serrador, concejal de España 2000 en el Ayuntamiento de Silla. Además, el local que FAS utilizaba en València también era empleado por partidos ultras.

«Si hubiese voluntad se hubiese solucionado», dice el portavoz de la acción popular, que reúne al Movimiento Contra la Intolerancia, EUPV, Compromís, ERPV-ERC, Acció Cultural del País Valencià, SOS Racisme, Jarit y CR Just Ramírez. Según explica, aunque los ultras no han incrementado su apoyo social, el nivel de sus agresiones sí que ha ido en aumento. «Crecen más los incidentes y son más violentos, a plena luz del día, incluso con grabaciones », relata. Por eso, confía en que la sentencia suponga un punto de inflexión frente a los grupos neonazis.