El pleno del Parlament ha aprobado, con los votos a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, el nombramiento de los siete juristas que formarán la Comisión de Control de la consulta del 9 de noviembre, una instancia que ejerce de junta electoral en las consultas populares no refrendarias. Lo ha hecho a pesar de la petición de PP, Ciutadans y PSC de retirar la votación del punto del día, al considerar los unionistas que la votación implica desobedecer la suspensión cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional.

Algo no del todo cierto, ya que el Parlament se limita a aprobar la composición de la Comisión, que no se constituirá oficialmente hasta que el president, Artur Mas, firme el decreto pertinente. El Parlament ha seguido de esta manera con los preparativos de la consulta que no implican consecuencias para funcionarios ni particulares, tal y como decidió ayer el Govern.

Pese a ello, PSC, PP y Ciutadans no han participado en la votación. Además, los diputados de PP y Ciutadans han amenazado al resto de diputados con las consecuencias penales que puede acarrear «desobedecer una suspensión del Tribunal Constitucional», en palabras del diputado del PP Enric Millo. El mismo diputado ha añadido además que informarán a la Fiscalía de la votación y que la impugnarán ante los tribunales. Además, ha reclamado que la votación no sea secreta «para saber qué diputados incumplen la ley».

Los partidos soberanistas han defendido la legitimidad de la votación, además de mostrarse dispuestos a asumir cualquier consecuencia judicial que implique la votación.

Los especialistas de la Comisión de Control son Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Brugué Torruella, Alfons González Bondia, Miquel Martin Casals, Marc Marsal Ferret, Jordi Matas y Benet Salellas Vilar.