En el juicio que ha arrancado hoy contra Mikel Valdivielso, Iñigo Ramallo, Josu Gracia, Natxo Barriuso e Iker García por haber desplegado la gran ikurriña el 6 de julio de 2013 los cinco han reconocido ante el juez que desplegaron la ikurriña desde los tejados, excepto Josu Gracia, que se limitó a grabar en video.
Todos ellos han destacado que tienen una larga experiencia en escalada y trabajos verticales y que podían certificar que no había riesgo ninguno de que la ikurriña cayese al suelo. Incluso en ese hipotético y remoto caso, estaba preparada para no provocar ningún daño. Asimismo, han subrayado que la bandera no impedía disparar el cohete y que calcularon con precisión este aspecto. Junto a ello, han destacado que si se disfrazaron de arrantzales no fue porque quisieran ocultar su identidad, sino para demostrar que cualquiera podía llevar a cabo una acción que únicamente pretendía reivindicar que la ikurriña, que han calificado como símbolo de libertades, pudiera ocupar el espacio que la ciudadanía de Iruñea desea.
«No se lanzó porque era la ikurriña»
Además, Iker García ha subrayado que la normativa exige que los cohetes se disparen verticalmente, por lo que la ikurriña no era molestía. «No se lanzó porque era la ikurriña», ha afirmado, al igual que hiciera el alcalde de Iruñea, Enrique Maya.
Por otro lado, los «arrantzales» han calificado de «exagerados» los medios utilizados en la instrucción. En este sentido, Barriuso ha denunciado el hecho «desproporcionado» de haber sido arrestado frente al colegio donde estudian sus hijos.
La fiscal renuncia a la mayoría de sus testigos
El hecho de que los acusados hayan reconocido los hechos ha hecho que la fiscal renunciase a la mayoría de sus testigos, que tenían como único objetivo, como la desmesurada instrucción, ubicar a los enjuiciados en los tejados el día 6 de julio de 2013. El agente de la Policía Municipal de Iruñea número 29 ha llegado a admitir que las cuerdas que se emplearon eran seguras
La concejal de EH Bildu Eva Aranguren ha declarado que escuchó al alcalde de Iruñea, Enrique Maya (UPN), decir que no se dispararía el chupinazo mientras estuviera colgada en la plaza «la bandera de otra comunidad autónoma» y que no tuvo la percepción de que la ikurriña impidiera prender el cohete.
El fotógrafo de Argazki Press Jagoba Manterola, presente en el interior de la Plaza del Ayuntamiento en el momento de los hechos, ha destacado que el ambiente fue similar al del chupinazo de cualquier otro año y que no hubo sensación de peligro.
Pedro María Rekarte, perito de seguridad citado por la acusación particular en nombre del Ayuntamiento, ha reconocido que el despliegue de la ikurriña no hubiera impedido una eventual evacuación de la plaza si hubiera sido necesaria.
El fiscal pide para los acusados cinco meses de prisión por un delito de «desórdenes públicos», mientras que el Ayuntamiento de Iruñea reclama 2 años de cárcel para cada uno.
Antes de acceder al Palacio de Justicia de Iruñea, los encausados han abogado por la derogación de la Ley de Símbolos.