Alrededor de 6 millones de catalanes están llamados hoy a sumarse al proceso participativo que tendrá lugar en el Principat sin tomar en consideración el veto de Madrid. Tras dos prohibiciones consecutivas del Tribunal Constitucional, primero a la ley de consultas y el decreto que avalaba la cita con las urnas, y después a la alternativa que se celebrará hoy, los catalanes pasarán por encima de de la suspensión del alto tribunal gracias a la apertura de 1.317 locales de participación, 6.695 urnas y la colaboración de 40.930 voluntarios.

De este modo, aunque sin censo, los catalanes mayores de 16 años podrán responder a las dos preguntas pactadas por la mayoría política catalana (CiU, ERC, ICV y CUP) en diciembre de 2013: «¿Quiere que Catalunya sea un Estado?» «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».

«Este proceso no es el que queríamos ni el que el país necesita y merece», aseguraba ayer por la tarde Jordi Solé, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlament y miembro de ERC. Es cierto que la mayoría social catalana, liderada por la ANC y por Òmnium Cultural, reclamaba una consulta para definir el futuro del Principat con todas las garantías. Sin embargo, las trabas del Estado no lo han hecho posible. No obstante, y pese a la última suspensión del TC, hoy se espera una participación multitudinaria en las urnas que siga a la gran exhibición de fuerza de la pasada Diada (la tercera ya convertida en una masiva reclamación de independencia).

La estrategia desde el Estado ha variado desde el intento de ridiculización hasta la prohibición y el «discurso del miedo», con el que ha tratado de condicionar tanto a Artur Mas, president de Catalunya, como a los participantes en la jornada de consulta. Ayer mismo, el presidente español, Mariano Rajoy, aseguraba que «se le podrá llamar como quiera, pero ni es referéndum, ni es consulta ni es nada que se le parezca».

Horas después, la Fiscalía Superior de Catalunya, a instancias de la Fiscalía General del Estado, que depende del Ministerio español de Justicia, daba orden de identificar locales y responsables de su apertura, quemando el último cartucho del intento de amedrentar a los convocantes. Poco después, la Generalitat se ponía a la cabeza de la jornada de votación y se declaraba «única responsable» de la apertura de los centros de votación. Habrá que ver cuál es la reacción de los Mossos D’Esquadra, a quienes el Ministerio Público instaba a practicar identificaciones.

Poco más de un mes después de que Escocia pudiese celebrar libremente un referéndum en el que decidir su futuro, los catalanes afrontan una jornada que debe entenderse como un «punto y seguido». El referéndum sobre el Estatut, aquel texto «cepillado» por el TC en 2010, tuvo una participación de 1,8 millones de personas. Teniendo en cuenta que la opción del «no» se quedará en casa, cuantificar el número de participantes en una jornada consultiva pero también de protesta será determinante. Todo ello, también con la mirada puesta en unas futuras elecciones que están condicionadas por los pactos postelectorales.