No fueron excarcelados por sus enfermedades, aunque era lo que les correspondía por ley. Fue el fallo del Tribunal de Estrasburgo que anuló la doctrina de alargamiento de condenas el que propició el regreso a Euskal Herria de decenas de presos y mitigó la situación de Gotzone López de Luzuriaga, José Ángel Biguri, Iñaki Erro y Jesús Mari Mendinueta. Si alguien puede acercar la realidad de lo que hoy sufren Ibon Iparragirre, Txus Martin, Aitzol Gogorza y otros, son ellos. «Y eso en el ámbito sanitario supone tratar al paciente como a un enemigo», resume Biguri, a quien diagnosticaron un cáncer de próstata en 2011.

«Al principio pensaban que era una infección, pero después de hacerme unos análisis me mandaron al hospital de Ciudad Real. Allí me hicieron una biopsia y salió cáncer», detalla Biguri, que fue trasladado de Herrera de la Mancha a Martutene para recibir atención médica, perono liberado. Todavía recuerda la presión policial y la falta de confidencialidad en las visitas al médico. Esto tiene un efecto añadido: «Sabes que si muestras tus debilidades las utilizarán para hacerte chantaje en prisión. Y te autocensuras. Ocultas por dónde pueden hacerte daño», explica. En una ocasión, unos ertzainas fotocopiaron su informe médico.

López de Luzuriaga, sometida a una intervención quirúrgica por un cáncer de mama en junio de 2007, también critica la actitud de las FSE, que no respetaron la intimidad ni la privacidad en las pruebas médicas. «No me iba a desnudar frente a ellos», destaca la represaliada, que ahora sí recibe una atención en condiciones. Un derecho absolutamente básico pero conculcado durante los 24 años que estuvo en prisión.

«Somos rehenes, no hay condiciones», añade antes de relatar su experiencia en el penal de Jaén. Así, recuerda detalles como que el día de la operación tuvo que lavarse con una botella de agua en el interior de su celda porque los responsables de la prisión se negaron a abrir las duchas. Y esta situación se repitió tras la intervención. «No estuve ni 24 horas en el hospital. Me llevaron a la cárcel sin poder ducharme y me tuve que lavar en la celda con la ayuda de una compañera», destaca esta exprisionera de Agurain, que recibió un tratamiento de hormonoterapia y radioterapia para luchar contra el cáncer. Y añade lo que ya trascendió en su día, sin suscitar escándalo para otros medios: que Madrid, a través del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, aprovechó su debilidad para exigir la firma de una «declaración expresa de repudio de su actividad» como requisito para lograr la libertad condicional, prevista en el artículo 92 del Código Penal. «Ven el momento en el que peor estás, sola y lejos de casa. Te vienen a decir, `o firmas o mueres'», constata. En su caso, la decisión de no firmar le costó seis años más de cárcel.

Sin diagnóstico

La misma máxima es evidente en el caso de Mendinueta, que tuvo que esperar a salir de prisión para lograr conocer su dolencia exacta. «En la cárcel me diagnosticaron prostatitis crónica, sinusitis, fibromialgia y cinco hernias discales. Y cuando comenzaron a avanzar los problemas empecé a pensar que había algo más, tal como sospechaban los médicos de confianza. Pero no había ningún modo de lograr un diagnóstico. Al final, cuando salí de prisión me diagnosticaron espondilitiis anquilosante», detalla el expreso de Arbizu, que está siendo sometido a nuevas pruebas para descartar otras enfermedades.

Cuestionado por la asistencia sanitaria en el interior de la prisión, advierte de que los recortes aplicados por los gobiernos de Madrid, Iruñea y Gasteiz se multiplican en la cárcel. Por ejemplo, destaca que los problemas con las listas de espera en prisión se «multiplican por diez». A esto se suma la actitud de los funcionarios y del personal sanitario, que no siempre salvaguarda los intereses de las personas enfermas. Un detalle es el siguiente: «En el año 1995, cuando estaba en Málaga, un médico participó en una agresión en mi contra». Mendinueta acusa a los funcionarios de tratar de «crear un Estado de miedo» en las prisiones españolas.

Esta idea es compartida por Iñaki Erro, que alerta de que los carceleros se aprovechan de las necesidades de los presos enfermos. «En casa, si tienes frío coges otra manta, pero allí no puedes, porque no tienes otra manta. La tienes que pedir, y no todas las cárceles son iguales. Al final es una lotería». Este vecino de Iruñea padece una cardiopatía isquémica. Su dolencia se presentó de imprevisto en enero de 2012. «Me entró un dolor fuerte en el pecho y un sudor frío», detalla antes de describir como le implantaron tres stents en el hospital de Almería. «Estuve tres días y volví a prisión sin pasar por la enfermería», añade.

Tras contar sus experiencias, valoran la manifestación de mañana en Bilbo. La cita, que partirá a las 17.30 desde el Sagrado Corazón, recorrerá las calles bajo el lema «Respeto a los derechos humanos, no más muertes. Las presas y presos enfermos vivos y en casa». López de Luzuriaga reconoce que estas movilizaciones son un aliento importante para los diez presos gravemente enfermos. Y Mendinueta hace hincapié en el caso de los exiliados enfermos, que en algunos casos hacen frente a su dolencia solos, sin el apoyo de sus allegados, y a miles de kilómetros de Euskal Herria.

Discrepancias sobre la estrategia

Estos cuatro expresos enfermos se han reunido con GARA, y también ``Berria'', para abordar esta cuestión candente y urgente, en vísperas de la manifestación de Bilbo. Su testimonio al respecto resulta especialmente relevante dado que han sufrido esta situación en primera persona. Pero al margen del motivo de la entrevista y de las preguntas de los dos periodistas, en la mesa irrumpe un debate sobre la estrategia política. Es Mendinueta quien insiste en abrirlo, con críticas que alcanzan tanto a este periódico y a NAIZ como al movimiento Sare («quedarnos en la defensa de los derechos humanos hace que se pierda la perspectiva de lucha», «yo no estoy dispuesto a juntarme a una persona como Azkarraga»); a EPPK («cuando aceptas el camino que marca la legislación, eso supone acabar con la dignidad», «traer a Zaballa a los presos no supone que se respeten sus derechos»); y a la izquierda abertzale en conjunto («no ha habido honestidad con nosotros en las decisiones que nos han llevado a este `nuevo tiempo'», «ahora estamos peor», «no hay un proceso»...). Ya a micrófono cerrado, reclama a GARA que estas críticas se recojan en este artículo, apelando para ello a la deontología profesional.

Erro secunda algunas de estas afirmaciones: «Yo personalmente no estoy de acuerdo con la nueva estrategia», «mi prioridad son los presos y me da igual tener tres parlamentarios más o menos, lo que quiero es que salgan...».

Muy diferente es la opinión de Gotzone López de Luzuriaga, expresada en un ambiente de evidente incomodidad: «Mi prioridad es Euskal Herria, no soy yo, estoy en un colectivo para lograr la libertad de Euskal Herria y no puedo ser un impedimento», «hay sitios para discutir esto y el Colectivo ya tiene sus portavoces» (Mendinueta discrepa igualmente en este punto)... También apunta la exprisionera de Agurain que «si hay mecanismos para liberar a un compañero, yo no los rechazaría. Si hay un camino, se deben utilizar todas las herramientas. Nosotros no estaríamos aquí si no se hubiera recurrido la doctrina», recuerda.