Javier Maroto y el parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal han recibido en la entrada del Parlamento de Gasteiz a los miembros de la plataforma Ayudas+Justas que han registrado la ILP, que recoge buena parte de los puntos defendidos por el alcalde para modificar la ley y endurecer los requisitos de acceso a la RGI, al objeto de dificultar su acceso a las personas inmigrantes.

En el texto que han registrado figura algún cambio con respecto a lo defendido por el primer edil gasteiztarra. Por ejemplo, no se recoge exactamente su propuesta de prohibir que los preceptores extranjeros envíen parte de la prestación a su país. En este aspecto la plataforma va más allá y quiere que se prohíba el envío de parte de la ayuda «fuera de la comunidad autónoma».

La plataforma pide que para el acceso a la RGI sea necesaria la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera los inmigrantes sin papeles, excepto las víctimas de trata de seres humanos o de violencia machista que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales.

Solicita también como requisito el empadronamiento en la CAV al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud.

Apoyo «total» de Maroto

El portavoz de la plataforma, Patxi Gómez, ha reconocido que la ILP recoge una «parte importante» de las reivindicaciones de Maroto y ha pedido la colaboración de los ciudadanos para que participen en las recogida de las 30.000 firmas que se requieren para que la iniciativa comience su tramitación parlamentaria.

Por su parte, Maroto ha insistido en que respalda totalmente la propuesta de la plataforma que, a su juicio, «no pretende recortar ningún derecho», sino eliminar el «fraude» que a su juicio se da en el cobro de las ayudas.

Ha criticado al resto de grupos parlamentarios por no querer debatir sobre esta cuestión en la Cámara y decir «no a eliminar el fraude» de las ayudas sociales, una postura que, según ha dicho, contrasta con la de la calle que está «pidiendo a gritos ese cambio».