Este juicio político nunca se tenía que haber realizado. Progresivamente, las endebles razones de la acusación, reducidas a tesis policiales, se han ido desmontando. Sin embargo, llegados a este punto, a la defensa le tocaba ayer demostrar por qué los 16 jóvenes que todavía siguen imputados deben seguir el mismo camino que sus 12 compañeros, sin cargos desde la víspera. Así lo hicieron ayer tanto Amaia Izko como Kepa Manzisidor. A lo largo de toda la mañana apelaron a la nulidad de unas declaraciones obtenidas bajo tortura, a la amplia jurisprudencia que rechaza que estos testimonios sean usados como prueba (lo que dejaría a Fiscalía sin nada a lo que agarrarse), al carácter «público» de las actividades que se persiguen y a la teoría de «la pescadilla que se muerde la cola»: los policías dicen que los acusados son de Segi porque las actividades que realizaban «son» de Segi, y estos actos se consideran de la organización juvenil ilegalizada porque quienes los realizaban son miembros de la misma. En total, cuatro horas de explicaciones que contrastan con la hora escasa que el representante del Ministerio Público, Juan Antonio García Jabaloy, empleó para ventilarse nada menos que 16 peticiones de seis años de cárcel. Y eso que el tiempo no alcanzó para todos. Todavía faltan tres de los letrados que tomarán la palabra mañana.

Pedir la «nulidad de pleno derecho» de las declaraciones, tanto policiales como judiciales, es uno de los principales argumentos esgrimidos por Izko. Esta demanda ya fue tomada en cuenta por los jueces de la Sección Primera de la Audiencia Nacional en el fallo por el que absolvieron a 40 jóvenes independentistas en mayo. Argumentó la letrada que se vulneraron los derechos de los detenidos durante la incomunicación, y que esta no se rompe cuando el arrestado es conducido ante el juez. Recordó que muchos de los jóvenes denunciaron malos tratos tanto ante el forense como en el despacho del instructor, Fernando Grande-Marlaska, insistiendo en que el togado tenía en su mano realizar averiguaciones, pero no movió un dedo. Los testimonios de tortura, que «ponen los pelos de punta», fueron corroborados en las primeras jornadas de la vista, cuando, según Izko, la sala pudo comprobar «cómo alguno de los acusados revivían emociones muy intensas, se bloqueaban o rompían a llorar». Además, la diferencia de los incomunicados con los detenidos en Ipar Euskal Herria que no se inculparon, o que algunos jóvenes hubiesen manifestado previamente y por escrito que no declararían en sede policial para luego hacerlo cuando estaban en comisaría evidencian que estas explicaciones no fueron «libres y voluntarias».

Además de la veracidad de los relatos de tormento constatada por los peritos del Protocolo de Estambul, la abogada recordó que incluso atendiendo exclusivamente a la jurisprudencia española no se pueden tomar las declaraciones en comisaría como base probatoria. Frente a los ejemplos «trasnochados» que presentó el fiscal (se remontó a 1996), Izko reivindicó sentencias actuales, entre las que se incluye alguna firmada por la propia sala. También llamó la atención sobre la incongruencia de que se utilicen testimonios de personas que han quedado fuera de la causa como base para imputar a otros acusados.

«Actividades públicas»

Más allá de la incomunicación, la abogada también ahondó en el carácter político de las actividades que se imputan a los jóvenes. En su sentencia de 2007 en la que se calificó como «terrorista» a Segi, el TS incluyó el «elemento violento» como algo esencial para esta caracterización. Un elemento que no se refleja en ninguna de las acusaciones. «El único elemento violen- to es la actuación de la Policía», defendió. Tal y como enumeró, en la vista oral se ha hablado de «colocación de pancartas, de carteles o la participación en marchas de montaña». Todas ellas, actividades protegidas por los derechos de «asociación, reunión y manifestación» y que, en caso de un fallo condenatorio, implicaría, en opinión de la letrada, «una aplicación injusta del derecho».

Sobre la sentencia que absolvió a 40 jóvenes en mayo, Izko reconoció que no puede ser calcada. Sin embargo, recordó que el informe policial que dio origen al operativo (bautizado como «Garbi II» y que el fiscal ha reproducido en su escrito de acusación a través de un «corta-pega») asumía la continuidad. En concreto, se acusa de ser los «sustitutos» de aquellos a quienes el propio tribunal no condenó. Una investigación que, por otro lado, la letrada consideró que ha terminado convertida en una «nebulosa». Por último, Manzisidor puso en cuestión el papel de los peritos policiales y los seguimientos, dedicados a elucubrar sobre acusaciones sin más rúbrica que los testimonios obtenidos bajo tortura. Todos ellos, elementos más que suficientes para una absolución.