Adolfo Alustiza ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi que «se ha querido trasladar a la opinión pública, y con cierto éxito, que las prestaciones sociales generan fraude, pero en nuestro caso es algo absolutamente falso». Ha calculado que el cobro fraudulento de la RGI en la CAV ronda el 0,3%, lo que ha supuesto unos 3,8 millones de euros en tres años, «que habrá que mejorar». A su juicio, «quienes han querido generalizar la imagen de fraude lo han hecho para atacar» a ese sistema», a lo que se une el hecho de que «este tipo de discursos populistas tiene su público y arraigan».

El director de Lanbide ha opinado que el debate sobre una posible reforma de la RGI se ha abordado «en una dirección de recortes y nosotros en ese sentido no vamos a mover ni un solo dedo».

«El problema con la RGI es que en 2011 se decidió cambiar la gestión y pasarla de las diputaciones al Gobierno vasco lo que, en mi opinión, fue una decisión no oportuna y que significó dinamitar el sistema de los últimos 25 años. Lanbide empezó a gestionar las prestaciones sin personal adecuado, sin procedimiento adecuado, sin medios informáticos adecuados...», ha indicado.

En esa línea, ha defendido que el método anterior «no es que fuera mejor, sino que durante 25 años había personas con conocimientos, programas puestos en marcha...».

«Conceptualmente no es una decisión equivocada, sí lo es el momento en que se hace por la crisis y de forma precipitada», ha señalado, para añadir que «los responsables de aquella decisión son quienes más critican el sistema, por ejemplo el PP, que apoyó al Gobierno que tomó aquella decisión», en referencia al Ejecutivo de Patxi López.

Polémica engordada artificialmente

Preguntado por la plataforma que está recogiendo firmas de cara a reformar la RGI para que se endurezcan los requisitos de acceso, Alustiza ha incidido en que se está ante una polémica «que se ha engordando artificialmente» y ha opinado  que «no sabemos si se piden ayudas más justas o si se quiere perseguir el fraude».

«Se está generando un caldo de cultivo populista con una clara intención electoral y lo verdaderamente triste es que, con este tema, que rescata a 80.500 personas de la pobreza se juegue y se haga electoralismo de baja calaña", ha remarcado.

En este contexto, ha subrayado que la RGI es una medida de lucha contra la pobreza «consensuada por todo el arco parlamentario» y que disfruta de unos datos «muy buenos», pero que «por motivos electorales hay un partido que se sale de ese consenso».

«Ellos sabrán por qué lo hacen y si de verdad merece la pena poner en cuestión la RGI por un puñado de votos», ha añadido, refiriéndose «por ejemplo», al alcalde de Gasteiz, Javier Maroto.