La proposición de ley, impulsada por Izquierda-Ezkerra, ha sido aprobada por todos los grupos excepto UPN y PP, que se han abstenido. Tiene por objeto restaurar el daño sufrido por «personas asesinadas en el contexto de violencia de motivación política desde el 1 de enero de 1960, equiparando a los damnificados por estos actos con lo que, a nivel de reparación, justicia y memoria», se establece en las leyes forales de Memoria Histórica y Ayudas a las Víctimas del Terrorismo. 

Con ese fin, se instaura una comisión de investigación integrada por nueve personas «independientes y altamente prestigiosas a nivel social y moral», que será la encargada de incoar una investigación «previa y rigurosa de los hechos sobre la base de instrumentos internacionales homologados, como el Protocolo de Estambul». Cada indagación puesta en marcha por dicho organismo concluirá con un informe vinculante.

En ese camino «ético y necesario para completar el reconocimiento a las víctimas de todo tipo de violencia» se incluye también al amparo de seis sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, a las víctimas de tortura en centros penitenciarios.

la posibilidad de presentación de solicitudes para la declaración de víctima de motivación política, y la organización de ciclos, cursos, seminarios y congresos sobre este tema por parte del Gobierno de Navarra.

A modo de instrumento preventivo, el texto establece la obligatoriedad de instalar en el plazo de seis meses cámaras de videovigilancia y grabación de audio en todas las comisarías de la Policía Foral y local.

La proposición de ley, cuyo debate podría abordarse en el seno de una ponencia, contempla, a su vez, acciones en los ámbitos educativo e institucional, en este último caso a modo de «disculpa pública y reconocimiento de los hechos».

Txema Mauleón, de I-E, impulsor de la iniciativa, tras agradecer la presencia en la Cámara de familiares de víctimas, ha afirmado que esta es «una ley que trata de cerrar un círculo» con estas personas.

Se trata, ha explicado, de una ley que trata de «garantizar los derechos de verdad, de justicia, de reparación y de memoria» hacia las víctimas y de superar «la situación de abandono e injusticia en la que viven» sus familiares.