Arraiz ha ofrecido una rueda de prensa en Donostia ante la decisión de la Fiscalía de Bizkaia de remitir al juez el caso de la denuncia presentada por Kutxabank por presuntas irregularidades durante el mandato de Mario Fernández y pedir la imputación del expresidente del banco, del exdelegado del Gobierno español Mikel Cabieces, que supuestamente cobró 243.592 euros de la entidad, y de Rafael Alcorta, del despacho de abogados a través del que supuestamente se gestionaron los pagos.

Arraiz ha calificado de «preocupante» esta noticia porque «revela la gravedad de lo ocurrido, cuando aún no sabemos ni la mitad de lo acaecido» en Kutxabank.

Por ello, ha considerado que la comisión de investigación que la coalición soberanista ha propuesto en el Parlamento de Gasteiz «es más necesaria que nunca» porque «los ciudadanos vascos tienen derecho a saber todo lo que ha acontecido con su dinero y sus ahorros» y ha confiado en que ningún partido político se oponga a la creación de la misma.

Arraiz ha afirmado que es «tremendamente revelador» que Mikel Cabieces y Kutxabank «infringieran la Ley de Cajas de la CAV» cuando decidieron «dar este sueldo» al exdelegado del Gobierno español mientras era miembro del Consejo de Administración de BBK. «Queremos saber por qué, también queremos saber cuántos Cabieces hay, quién decide esto y por qué lo decide y desde cuándo han sucedido cosas como ésta», ha remarcado.

«Lo único que sabemos es que esto es una práctica habitual durante años, no sabemos si se limita sólo a Kutxabank o se extiende también a otros ámbitos de la actividad política vasca, lo que nos parece aún más preocupante», ha subrayado el parlamentario de EH Bildu.

«Involucrados»

En ese sentido, ha asegurado que PNV, PSE y PP están «involucrados en esta cuestión» y ha destacado que las tres formaciones tienen «responsabilidades concretas» en el caso. «Nos da la impresión de que esto es la práctica habitual, que se han construido ámbitos de opacidad, espacios oscuros para que la ciudadanía según los cuáles se privilegia los intereses de unos pocos en contra de las mayorías porque se hace a costa de los ahorros de la ciudadanía vasca», ha enfatizado.

A su juicio, es el momento de «acabar con todo este tipo de situaciones» y de introducir «transparencia» en la política vasca y también en Kutxabank. Por ello, EH Bildu reclama la necesidad de «un control público y social» sobre la entidad financiera porque, a su entender, «es la única forma posible de que desaparezcan todos los ámbitos de opacidad».

Hasier Arraiz ha expresado que la coalición independentista tiene la sospecha de que «quienes no quieren» el citado control público sobre Kutxabank pretenden «continuar en estos ámbitos de opacidad». «Es el momento de la transparencia judicial y política para que todo el mundo sepa qué ha ocurrido», ha insistido.

En esa línea, ha reiterado que todas estas prácticas «están de sobra», ya que Kutxabank «queda tocada en un momento como el que estamos viviendo». En ese sentido, ha criticado que la entidad financiera «se permita el lujo de desahuciar a gente cuando a la vez se están dando estas prácticas irregulares», al tiempo que ha subrayado que «esta no es la política que la ciudadanía demanda a Kutxabank, al PNV, al PSE y al PP».

Preguntado por el sueldo del presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, quien cobrará 600.000 euros anuales de sueldo fijo, más 200.000 euros variables por resultados y que, en caso de cumplir los objetivos marcados, la retribución será un 73% superior a la obtenida por su antecesor en el cargo, Mario Fernández, en su último año, el parlamentario ha calificado este aumento como «una exageración más» y ha considerado que «la mayoría de la ciudadanía vasca lo siente como un regodeo».