La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas presentó sus informes tras casi seis meses de investigaciones. Los doce expertos y dos relatores que la componen expusieron sus conclusiones sobre «los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto armado».

El evento se celebró el martes a puerta cerrada en el Hotel Occidental Miramar de La Habana. A la presentación, que se prolongó durante seis horas, acudieron las delegaciones del Gobierno colombiano, de las FARC-EP y diplomáticos tanto de los países «garantes» del proceso -Cuba y Noruega- como de los países «acompañantes» -Chile y Venezuela-.

Eduardo Pizarro, uno de los relatores, expresó su deseo de que este informe de 805 páginas tenga una trascendencia similar al Informe Sábato, elaborado en Argentina tras el fin de la dictadura cívico-militar.

Destacó los «consensos básicos» entre los miembros de la Comisión sobre los elementos que contribuyeron a la prolongación del conflicto, como la estructura agraria, la falta de mecanismos para asegurar la propiedad de la tierra, la escasa presencia de las instituciones del Estado en las áreas rurales, el narcotráfico o la corrupción.

«Lo interesante es precisamente que hay consensos y diferencias, pero puede haber diálogo entre miradas divergentes y ese diálogo puede ser una herramienta fundamental para la paz en Colombia. Llevamos 50 años matándonos por diferencias de opinión», manifestó.

Señaló que los informes son instrumentos que pueden ayudar a la mesa de conversaciones a alcanzar acuerdos, pero también tienen una «función pedagógica» ya que contribuyen a «abrir un debate nacional».

«Estamos lejos, pues, de una imposible e indeseable `historia oficial' o de una igualmente imposible e indeseable `verdad única'. Por el contrario, estos ensayos deben servir para que la Mesa de Paz y los colombianos en general abran una amplia discusión sobre lo que nos pasó, por qué nos pasó y cómo superarlo. Es decir, esta relatoría es una invitación al diálogo pluralista y democrático», insistió Pizarro en sus conclusiones.

Sostuvo que «la historia de Colombia es, desde esta perspectiva, la historia de la postergación indefinida de cambios necesarios, tanto en las instituciones estatales y en las estructuras sociales, como en la conducta de los actores. Al poner el acento en estas tareas siempre postergadas, estos ensayos pueden contribuir al diseño de un posconflicto en paz, sólido y duradero». Incidió en que «si las negociaciones de paz actuales con las FARC y, como todos deseamos, con el ELN, llegan a buen término, nuestro país deberá enfrentar las complejas tareas del posconflicto. No siempre se tiene éxito en este plano. Tanto El Salvador como Guatemala tuvieron relativo éxito en sus procesos de paz con el FMLN y la UNRG, pero en ambos países hubo errores protuberantes en la etapa posterior del posconflicto y comenzaron a sufrir niveles de violencia y criminalidad extremos, hasta el punto de superar incluso las cifras de homicidio que había durante las respectivas guerras civiles. Por ello, la discusión sobre los factores que han incidido en la persistencia del conflicto armado en Colombia tiene un valor fundamental, pues de ella puede depender la construcción de un posconflicto en paz y sostenible». Para alcanzar un posconflicto exitoso, destacó Pizarro, este «debe contemplar cambios profundos en los prototipos que guían el desarrollo agrario en el país; un modelo económico más incluyente, una distribución más equitativa de la riqueza y el diseño de nuevas y más eficientes políticas destinadas a la erradicación de la pobreza; un fortalecimiento del Estado, sus aparatos judiciales y de Policía y una mayor y mejor presencia en todo el territorio nacional; un compromiso mayor de todos los órganos del Estado y, en particular, de las Fuerzas Militares y de Policía, con el respeto integral a los derechos humanos; y una renovada política pública frente a las drogas ilícitas».

Otro de los relatores, el académico y exrector de la Universidad Nacional de Colombia Víctor Moncayo se refirió a la injerencia de EEUU «en las tácticas contrainsurgentes». «Es una participación permanente, continua, con dinero, con técnica, con personal, que ha alimentado el conflicto», resaltó.

Entre los impactos del «intervencionismo» de Washington y los efectos de la política contrainsurgente -«que se convierte en una doctrina oficial de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano, erigiéndose en uno de los soportes del terrorismo de Estado»-, el académico Renán Vega cita expresamente en su informe el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales conocidas como «falsos positivos», la creación de redes oficiales de espionaje y persecución, las acciones de militares y mercenarios estadounidenses, las fumigaciones aéreas, los bombardeos, las violaciones y tráfico sexual que realizan civiles y militares de Estados Unidos.

En opinión de Moncayo, la responsabilidad del conflicto no puede recaer solo sobre individuos, sino sobre un ordenamiento y estructura social que también se convierte en «victimario». Puso como ejemplo el proceso iniciado en 2005 con los paramilitares que «solo buscó responsabilizar a sujetos y, por ello, el paramilitarismo como fenómeno político y social no ha desaparecido».

El jefe de la delegación de la guerrilla, Iván Márquez, calificó el trabajo de la Comisión Histórica como «imprescindible para la reconciliación» e invitó a los colombianos a leerlo para que «nunca más repitamos los catastróficos errores cometidos».

«La historia nos enseña que sin ponernos de acuerdo en un correlato histórico común, en una memoria histórica colectiva, no habrá una verdadera reconciliación nacional y, por tanto, el fantasma de una nueva guerra en un futuro más o menos cercano o lejano, no podrá ser definitiva y eficazmente conjurado», destacó.

«Las experiencias de otros pueblos demuestran que renunciar a construir colectivamente una memoria histórica es un esfuerzo estéril que solo conduce a la incesante reapertura de heridas que necesariamente deben ser cerradas para alcanzar y mantener la paz», añadió.

Celebró que «por primera vez, el pueblo colombiano dispone de un relato plural, aún en construcción, pero ya no unilateral, sino reflejo de las distintas visiones que mantenemos».

Márquez consideró que «es obligación de ambas partes en la mesa de construir un relato que resulte creíble y riguroso por basarse en hechos objetivos y que evite la tentación de presentar a una insurgencia como la responsable de los crímenes perpetrados contra el pueblo».

Reiteró el rechazo de las FARC a «cuantas propuestas se nos formulen exigiendo responsabilidades políticas o jurídicas unilateral y exclusivamente a la insurgencia, pretendiendo ocultar que la mayor responsabilidad corresponde al Estado que se alejó del buen gobierno».