Maroto era concejal de Hacienda en 2007, cuando el consistorio firmó un contrato de alquiler de un local por importe de 6 millones de euros, más del doble de lo que el propietario, el empresario y expresidente del Alavés Gonzalo Antón, había pagado un año antes por la compra del local (2,7 millones).

El Tribunal de Cuentas, que está investigando si este contrato fue irregular, ha emitido una resolución en la que confirma que hubo una presunta responsabilidad contable por parte de la junta de gobierno de entonces, ya que se causó un perjuicio económico a las arcas municipales, y ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros a Alonso y a su equipo de entonces.

Maroto ha comparecido esta tarde ante los medios para aclarar que el Tribunal de Cuentas no ha apreciado delito alguno en el caso, sino que ha puesto en duda la legalidad del precio pagado por el alquiler.

Ha anunciado que, aunque considera que no se vulneró el interés general de los gasteiztarras, no recurrirán para no alargar los plazos y que este tema se resuelva cuanto antes, a poder ser antes de las elecciones municipales del 24 de mayo.

También ha dicho que ha hablado con Alonso y que comparte con él la decisión de no recurrir y de abonar la fianza en los próximos días. Cada concejal pagará de su bolsillo la cantidad que se le reclama en concepto de fianza, no de sanción ni de multa, ha precisado el alcalde.

Además de Alonso y de Maroto deberán hacer frente a la fianza de 496.223 euros los otros siete concejales del PP de la legislatura 2003-2007, la edil del PSE Marian Gutiérrez, que fue responsable de Hacienda entre 2007 y 2011 y el actual titular de esta cartera, Manu Uriarte (PP).

Maroto se ha reafirmado en las condiciones en las que se rubricó el contrato de alquiler, dada la ubicación estratégica del local en el centro de la ciudad, de las alternativas que había y de los precedentes de otros alquileres.

Preguntado sobre si se arrepiente de la firma de ese contrato, ha aclarado que la única discrepancia que hay sobre la mesa del Tribunal de Cuentas es la de un informe técnico emitido por la Unidad de Valoración del Ayuntamiento que aconsejaba un alquiler inferior y por un período de 10 años. Maroto ha explicado que para la instructora de este órgano el informe era vinculante, en cambio, el equipo de gobierno de Alonso sostiene que era preceptivo pero no vinculante.