La sala donde se desarrolló la segunda mesa redonda de ayer se quedó pequeña para los estudiosos y profesionales del derecho o la política en particular que siguieron atentamente las intervenciones de los especialistas invitados por los organizadores del seminario preparado en colaboración con el Instituto Universitario Varenne.

Lo primero que subrayó el profesor Jean-Pierre Massias, conductor del simposio, es que ciertamente se trata de «una cuestión muy complicada, ouesto que atañe a varios ejecutantes y a toda una cadena de mando por lo que hay que abordar todos los componentes del sistema».

Para entrar en materia, la proyección de un vídeo donde intervino la sicóloga especialista en violencia política Françoise Sironi dejó claro que «un torturador no nace sino que se hace» y relató los procedimientos, curiosamente coincidentes sean quienes sean los que organizan el sistema de la tortura.

Violencia versus violencia

El fiscal del Tribunal Constitucional español Manuel Miranda desgranó varios factores por los que no se investigan las denuncias de tortura no sin antes insistir en que «el sistema de justicia penal es, en realidad, una violencia confrontada a otra violencia». Entre las razones que evitan llevar a buen puerto las investigaciones destacó la credibilidad y el poder que se otorga a los cuerpos policiales; la ineficiencia o no funcionamiento de algunos instrumentos garantistas como el habeas corpus; el discurso político negacionista de la existencia de la tortura o la sobrecarga de trabajo y precariedad en la que se mantiene aposta al poder judicial para obstaculizar su rol de control del poder político.

Otros intervinientes se centraron en aspectos como el de las penas o sanciones a los torturadores que deben ser «mesuradas, no aisladas porque de ese modo no hay un reconocimiento de la responsabilidad colectiva sino un cabeza de turco», como afirmó el investigador y especialista en Justicia Transicional Joël Hubrecht, quien apostilló que «la pena cobra todo su sentido cuando es el colofón de un procedimiento equitativo, riguroso e integral».

La investigadora en Ciencias Políticas en la Universidad de Manchester Emilie Combaz incidió en la noción del «multilateralismo» desde el que debe abordarse la cuestión de la deconstrucción del sistema de tortura sin limitarse al único aspecto jurídico-institucional. Apuntó, entre otros, al papel que juegan las democracias, unas muy implicadas en erradicarla como Costa Rica o los países escandinavos, mientras que otras torpedean voluntariamente los esfuerzos en tal sentido.

El historiador Pascal Plas se refirió a los memoriales e insistió en que «no deben hacerse de cualquier manera sino que tienen que servir a establecer la verdad y mostrar, incluso, los aspectos que molestan».

Particularmente emotivo fue el testimonio de Mourad Benchellali, antiguo preso de Guantánamo que refirió que ese tipo de centros son «fábricas de radicalización, odio y, en consecuencia, de más extremismo».

Ayer se escucharon conceptos, ideas y vías de solución muy profundas para acabar con esas prácticas pero una prevaleció en particular: la necesidad de la reacción popular. En ese sentido, Miranda lamentó que casos que tienen impacto político y/o jurídico –como el de los «mossos d’esquadra» indultados– no lo tengan a nivel social.