El primero en declarar será Alkorta, a las 11.00. Por su parte, Fernández está citado a declarar a las 12.00 y, una hora después, el exdelegado del Gobierno español.

El auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbo, Ana Isabel Alvarez Fernández, citaba a declarar como imputados a las tres personas investigadas, destaca que, de las declaraciones que estos realizaron ante la Fiscal de Bizkaia, Carmen Adán del Río, y de la documentación de que se dispone, se deduce que puede haberse cometido un delito de administración desleal o bien apropiación indebida.

A su juicio, puede haber existido, presuntamente, «una disposición de los bienes administrados que excedía de las funciones propias del cargo, no justificada, y que causó un perjuicio económico a la sociedad en beneficio de un tercero».

También considera que los imputados pueden haber incurrido en un delito de falsedad en documento mercantil «en relación con los documentos utilizados para servir de soporte a las salidas de dinero de la sociedad».

El viernes, además, comparecerán en el Juzgado como testigos Fernando López de Eguilaz, director de Recursos Humanos del la entidad, y Roberto Moll, director de los servicios de autoría interna y encargado de supervisar el informe que el banco elaboró para que sirviese de base de la denuncia que realizó Kutxabank. El primero de ellos declarará a las 11.00 y Moll a las 12.00.

La Fiscalía remitió al Juzgado el pasado 10 de febrero el ‘caso Kutxabank’, denunciado por la propia entidad financiera, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces por la entidad financiera durante el mandato de Mario Fernández.

En su decreto, que acompañaba con la denuncia presentada por Kutxabank sobre este asunto, la Fiscal de Bizkaia, Carmen Adán del Río, pedía la imputación de Cabieces, Fernández y del abogado Rafael Alkorta, a través de cuyo bufete cobraba el exdelegado, al estimar que podían haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil.

Kutxabank, que había informado a la Fiscalía de los hechos, decidió el 25 de febrero, en un Consejo de Administración extraordinario, que no se personaría en las diligencias previas abiertas, después de que la entidad recibiera un escrito de la magistrada en el que le instaba a aclarar si se iba a personar o no.

El actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia explicó, en una comparecencia pública, que el banco quería «distanciarse» del caso y que la Justicia siguiera su curso después de que la entidad financiera «cumpliera con su deber» de informar al Banco de España, al BCE y al ministerio público de lo sucedido.

Además, recordó que se había compensado el quebranto, ya que el propio Mario Fernández abonó a la entidad la cantidad que percibió Mikel Cabieces.

«Operación legítima»

Fernández, que declaró ante la Fiscalía el 6 de febrero como testigo antes de que el Juzgado abriera diligencias, aseguró que «la operación» que él realizó durante su mandato no fue «irregular», sino «absolutamente legítima» y no ha ocasionado «daño» a la entidad financiera.

En un comunicado posterior remitido a los medios de comunicación, el expresidente de Kutxabank afirmó que «era práctica habitual» que a personas vinculadas a Interior y a la lucha contra ETA se les posibilitara «una salida profesional», algo que, según asegura, se ha hecho con Mikel Cabieces, a petición de Antonio Basagoiti.

Cabices también declaró ese día ante el ministerio público, después de haberse dado de baja el 30 de enero como militante del PSE después de conocerse que el banco había denunciado que había recibido pagos «irregulares» de la entidad.

Por su parte, la defensa de Cabieces afirmó que los pagos que le realizó Kutxabank a su cliente estaban «justificados» por los servicios jurídicos que prestó a la entidad y afirmó que Cabieces es un «daño colateral de una guerra ajena a él».