La doble matanza machista cometida a mediados de 2013 en el gimnasio de Bilbo es aún hoy presentada por muchos medios bajo la etiqueta de «el caso del shaolín» o «del falso shaolín». Lamentablemente, es muy probable que el nombre de Juan Carlos Aguilar, a quien se juzga desde hoy en Bilbo, quede grabado en la memoria colectiva de este país con más fuerza que los de sus víctimas. Y sin embargo, el auténtico drama está en ellas, y la lupa de la opinión pública también debiera estarlo.

No cabe duda de que Jenny Sofía Revollo y Ada Otuya fueron auténtica carne de cañón. Su condición de mujeres, su ocupación como prostitutas y su desempeño en la calle multiplicaban un riesgo que nadie palió. Un riesgo que, además, aparece claramente detectado en informes como el realizado por Emakunde en 2007. Y un riesgo que no es la primera vez que desemboca en lo irreparable: la muerte.

Sin ir más lejos, sus dramáticas circunstancias recuerdan a las de Tatiele de Sousa. Tenía 20 años y había llegado a Iruñea desde el estado brasileño de Goiás a mediados de 2007, con la intención de ganar dinero para ayudar a su madre y al hijo que había dejado a su cargo en Brasil, al igual que ocurría con Jenny Revollo.

Tatiele se vio abocada a trabajar en un club de alterne. Sus compañeras explicaron que sufría malos tratos continuos por parte de su compañero, un tal Thiago Rosa. Iba al club con moratones, pero no podía denunciarlo ante ninguna instancia oficial porque carecía de papeles.

En enero de 2008, Tatiele apareció muerta en una casa del barrio de Arrosadia. El entonces delegado del Gobierno español en Nafarroa, Vicente Ripa, admitía poco después que Sousa tenía un expediente de expulsión abierto a raíz de una irrupción policial en el club. La pregunta era obvia: ¿Para qué le servían a Tatiele de Sousa las opciones de la Ley Integral contra la Violencia de Género si las autoridades no la amparaban sino que la perseguían, y si a efectos oficiales ni siquiera existía como persona?

En una carta pública, el presidente del PSN, Román Felones, reflexionaba en voz alta sobre el tema. Se preguntaba: «Nosotros, los biennacidos, los bienpensantes, ¿no somos en parte culpables?». Pero los lamentos oficiales llegaban tarde. Y también la muerte del hombre que quitó la vida a Sousa: apareció ahorcado en prisión siete meses más tarde, antes del juicio.

Rita y Yamiled

La desprotección total de estas mujeres tiene otro capítulo destacado en Euskal Herria. Para eso hay que rebobinar algunos años más y recordar el nombre de Rita Margarete R., también llegada a Euskal Herria desde Brasil, igualmente acusada de prostitución por la Policía, idénticamente desamparada.

Rita fue detenida la noche del 29 de agosto de 1995 en el club Trastévere, de Barakaldo, en una redada de la Brigada Provincial de Extranjería. En la comisaría de Indautxu fue violada aquella misma noche por un policía, con la complicidad de otros dos. La Audiencia de Bizkaia primero y el Tribunal Supremo español después dieron por probada la agresión, pero sobra decir que nadie fue condenado porque fue imposible identificar a esos tres policías. El Supremo constató el «gravísimo delito de violación» y se limitó a lamentar que se quedara sin castigo por culpa de «las trasnochadas ideas corporativas o falso compañerismo» de los policías que se encubrieron mutuamente.

Tras este primer juicio hubo un segundo. Rita Margarete R. acusó de torturas a un inspector y un agente. No solo fueron absueltos, sino que, en una pirueta que echaba sal a la herida, tanto la defensa como la Fiscalía argumentaron que las lesiones que presentaba eran producto en todo caso de la violación y no de maltratos añadidos.

Espeluznante también resulta el caso de Yamiled Giraldo. Denunciar la prostitución le costó la vida a esta mujer llegada de Colombia y que tras pasar por un club de Sunbilla se había asentado en Ituren, tenía familia y trabajaba como esteticista. En su caso sí tenía un importante colchón social de protección, pero tampoco bastó para salvarle la vida. Una mañana del 25 de abril de 2009, Yamiled fue acribillada a tiros en plena calle, cuando se dirigía con uno de sus hijos a un domicilio de Cordobilla, a las afueras de Iruñea, para atender un trabajo de esteticién.

En realidad, aquella llamada telefónica era una trampa. La sentencia emitida en 2011 imputó su muerte a José Luis Lareo, proxeneta que anteriormente había sido condenado a cárcel por el testimonio de Giraldo. El tribunal determinó que, desde prisión, Lareo encargó el crimen a dos personas a las que conoció en la cárcel, que a su vez contrataron a dos sicarios. Mataron a Yamiled por 8.000 euros.

En el juicio, el fiscal remarcó los perfiles absolutamente contrapuestos del promotor de la muerte y de la víctima. De Lareo dijo que «desprecia a las mujeres, pero las necesita porque vive de ellas». Y de Giraldo, por contra, que «era una de las mujeres más decentes, dignas, cívicas y valientes que he podido conocer. Fue tiroteada en plena juventud [tenía 33 años], cuando era madre de cuatro hijos, por denunciar una explotación sexual». Pese a este sentido alegato, la cruda realidad es que, incluso estando preso, al final el proxeneta fue más fuerte. El marido de Yamiled, un transportista de Ituren, reconocía esta impotencia en una demoledora entrevista a ``Diario de Navarra'': «Hay veces que me siento culpable de haber animado a Yami a declarar en aquel juicio contra la persona que luego la mató. `Esto no es Colombia, le decía yo, aquí hay policía, hay justicia. No temas'».

Prostitución callejera, alto riesgo

Resulta evidente que este desamparo es mayor, casi infinito, en la denominada «prostitución callejera». Su impacto es reducido en Euskal Herria en relación con otras zonas cercanas, y según el estudio de Emakunde de 2007 se estaba reduciendo casi hasta desaparecer, pero parece probable que a consecuencia de la crisis haya habido un repunte. En el citado informe se hablaba con diferentes mujeres que ejercían esta prostitución, y se concluía que «los problemas más comunes son el no abono de los servicios ofrecidos y los robos, además de insultos y menosprecios».

El altísimo riesgo de esta práctica se ha visibilizado recientemente, pero las autoridades lo conocen hace tiempo, aunque la mayor parte de las veces estas agresiones y robos no se denuncien para evitar una identificación policial. Resulta más habitual que estas mujeres desarrollen sistemas propios de autoprotección, como apuntar mutuamente las matrículas de los vehículos de los hombres que recurren a ellas. En otros casos se llega a acuerdos con clubes cercanos para, a cambio de una cantidad económica, poder usar sus habitaciones y disponer así de un plus de protección en caso de que se produzca algún tipo de ataque.

Existe la impresión generalizada de que solo se conoce la punta del iceberg de estas agresiones. Únicamente trascienden cuando llegan al común de la opinión pública por su visibilidad especial. Es el caso de una mujer que apareció hace unos años en Bilbo herida tras haber sido golpeada en un descampado. También alcanzó cierto relieve la acción en Bilbo de un desconocido que disparó con una escopeta de aire comprimido contra unas 40 mujeres que estaban ubicadas en la parte baja de Miribilla: dos de ellas fueron heridas por los balines, de modo leve. Ocurrió en marzo de 2009, en plena campaña de grupos de vecinos para exigir al Ayuntamiento que retirase a estas prostitutas, pero el entonces alcalde, Iñaki Azkuna, le restó gravedad tildando el ataque de «gamberrada».

Muchas familias no lo saben

El estudio de Emakunde exponía que «la Policía es vista en muchos casos como protectora o alguien a quien recurrir en caso de necesidad». Pero esta versión resulta incompleta. Por ejemplo, mujeres que ejercían la prostitución en la zona del Polígono Agustinos, en la salida norte de Iruñea, denunciaron a principios de 2012 que la Policía Foral las había fotografiado, puesto contra la pared e identificado.

Tras este caso, organizaciones que trabajan en la asistencia a estas mujeres concretaron que se trataba fundamentalmente de chicas jóvenes llegadas a Euskal Herria desde Nigeria y explotadas sexualmente para pagar deudas que ascendían a unos 40.000 euros: «Son los mismos proxenetas los que se quedan con sus pasaportes y así no pueden escapar».

El cuadro de desprotección se completa con el hecho objetivo de que muchas veces ni siquiera sus allegados conocen que estas mujeres se prostituyen. «Mi familia no se imagina que yo haya trabajado en esto», exponía una de las personas entrevistadas en el estudio de Emakunde. Esta situación resulta especialmente frecuente cuando se trata de personas inmigrantes, cuyas familias están lejos. En varios estudios oficiales se calcula que el porcentaje de inmigrantes entre las mujeres que ejercen esta práctica supera el 80% en la actualidad.

María Jesús Aranda, entonces Defensora del Pueblo de Nafarroa, presentó en 2005 un informe al Parlamento con una conclusión palmaria: «Estas mujeres están en una debilidad absoluta». Incluía otra consideración: «No consta que ningún empresario de este sector haya sido investigado fiscalmente».