El expresidente Sanz, saliendo de declarar del juzgado. (Jagoba MANTEROLA-ARP)

Caja Navarra, mucho más que unas dietas

El derrumbe de la CAN ha sido, de largo, el escándalo que ha marcado la legislatura. Su parte más mediática fue la de las dietas ocultas que estaban cobrando los expresidentes Miguel Sanz y Yolanda Barcina, y en menor cuantía Enrique Maya y Álvaro Miranda. La juez de Iruñea Mari Paz Benito consideró que estos pagos suponían cohecho impropio, por lo que envió a la presidenta Barcina ante el Supremo. Finalmente, el TS decidió archivar el caso junto con los procesos al exministro del PSOE José Blanco y el expresidente balear Jaume Matas. No obstante, el caso por la pérdida de valor de 1.003 millones de euros (según Comptos) continúa en la Audiencia Nacional. Hace unos meses, el juez Eloy Velasco ordenó que se investigaran los patrimonios de Miguel Sanz y el último director de CAN y copresidente de Banca Cívica, Enrique Goñi. El resultado de la investigación, en principio, se conocerá en breve.

El descampado de Gendulain, a las afueras de Iruñea. (Jagoba MANTEROLA-ARP)

El pelotazo frustrado de Gendulain

Nada menos que 18.400 viviendas se pretendieron levantar en el descampado de Gendulain, todas ellas en tierras de un conde, que por ahora, es el único beneficiario del desaguisado. El proyecto se atascó antes incluso de que llegara la crisis del ladrillo. A la operación se apuntaron las principales constructoras navarras (hay 43 empresas participantes), pero la recalificación de 3,8 millones de metros cuadrados tenía problemas legales. En lugar de cobrar, UPN hizo a la Administración partícipe del proyecto, vinculando las ganancias a los nuevos aprovechamientos de los terrenos. Finalmente, el Gobierno no pudo sacar adelante la recalificación por las irregularidades y ahora se ve en la tesitura de tener que indemnizar a los constructores, muchos de ellos al borde de la quiebra por el dinero invertido en el descampado. Según el consejero Luis Zarraluqui esa indemnización puede costar 140 millones de euros a las arcas públicas por lo que este mismo año se ha relanzado el proyecto. Otras voces entienden que hay argumentos como para que el Gobierno no pague un solo euro.

Idoia Nieves, a la izquierda, acude con su abogada al Parlamento. (J. MANTEROLA-ARP)

Terremoto en la Hacienda Foral

La dimisión de Idoia Nieves al frente de Hacienda estuvo a punto de desembocar en adelanto electoral, aunque finalmente se liquidó en una comisión de investigación que se cerró apresuradamente. Nieves denunció que la consejera Lourdes Goicoeceha le solicitó una lista con las inspecciones que tenía previsto hacer la Hacienda Navarra, supuestamente para avisar a los clientes de su asesoría fiscal. También mostró su desacuerdo con la forma de gestionar la crisis por el IVA de Volkswagen, que desembocó meses después en la situación económica más delicada para Nafarroa que se recuerda. Acusó también a Goicoechea de beneficiar a Osasuna, al Opus Dei y a unos hosteleros (los hermanos Idoate). Los casos de Osasuna y el Opus merecen un aparte en este mismo artículo, puesto que el tiempo ha dado la razón a Nieves.

Barcina, en una de las atracciones de Sendaviva. (Iñigo URIZ-ARP).

Sendaviva, el fiasco de Arguedas

El proyecto Sendaviva fue iniciado por Diario de Navarra. El Gobierno entró con entusiasmo, pero pronto se vio que un zoo en Las Bardenas no era un filón de oro. Diario de Navarra abandonó enseguida el proyecto y el Gobierno fue incapaz de buscar nuevos socios. A través de Sodena fue poniendo dinero y dinero. En total, se han metido 55 millones de los que 33 se dan ya por perdidos y hay y comprometidos otros 14 en avales, según Comptos. Y lo peor es que no está recibiendo los visitantes que necesita para subsistir. No es descartable que acabe cerrando. Eso sí, cuando UPN celebró allí su "Día del Partido", Barcina se lo pasó muy bien.

Santamaría acude a una jura de bandera. (Iñigo URIZ-ARP).

Simón Santamaría, dimitido y procesado

El polémico jefe de la Policía Municipal de Pamplona no pudo acabar la legislatura. Los motivos de su dimisión son muchos, pero los más serios son los expedientes por acoso a trabajadores. Fue denunciado por siete delitos y, recientemente, finalizó la instrucción, por lo que poco falta para que comience el juicio oral. En concreto, se sentará en el banquillo acusado por prevaricación y por otro delito contra la integridad moral de una agente del cuerpo.

Barcina, Maya, la delegada del Gobierno y el rector del Opus. (I. ZABALETA-ARP)

El Opus no paga impuestos gracias a la consejera

La Universidad de Navarra y sus empresas aldeñas y filiales jamás han declarado al fisco los estudios gratuitos que ofrecen a sus trabajadores. La ley clasifica como un «pago en especie», por lo que tributa en el IRPF. Esto motivó una inspección fiscal en 2013 y su consiguiente sanción. El Opus protestó y la consejera Goicoechea paralizó el proceso y criticó públicamente a los funcionarios que decidieron imponer una multa. En marzo de este año salió la sentencia dejando en evidencia el trato de favor a la Universidad y dando la razón a lo denunciado por Idoia Nieves en la comisión de investigación del Parlamento. Tras la inspección, UPN y PSN modificaron la ley tributaria para que el Opus no tuviera que seguir pagando por este concepto.

El exalcade de Eguesibar, Josetxo Andía, con su abogado. (J. MANTEROLA-ARP).

Eguesibar, la historia interminable

Facturas falsas, supuestas empresas públicas que, en realidad, se gestionaban en las oficinas de una constructora llamada Nasipa (acrónimo de Navarra Siempre Pa Lante), compras de preferentes... El Ayuntamiento de Eguesibar se ha convertido en la "Marbella Foral". En palabras del presidente de Comptos, ha habido "una convivencia indecente" entre empresarios y políticos en ese Ayuntamiento. Hasta el cura párroco se apuntó a las irregularidades, emitiendo facturas falseadas al Ayuntamiento por las que le abonaron irregularmente 13.551 euros. Según contó este cura a GARA, el propio alcalde le invitó a hacerlo «porque sobraba dinero».

Izco, presidente de Osasuna que empezó a no pagar, entra a declarar. (J. MANTEROLA-ARP)

A Osasuna tampoco le va eso de pagar a Hacienda

Fue a finales de 2003 cuando Osasuna empieza a dejar de pagar el IVA a la Hacienda navarra. Coinciden en ese momento Miguel Sanz en el Gobierno, Fransico Iribarren en la Consejería e Ignacio Pérez de Albéniz como director gerente de la Hacienda Foral. La deuda se fue agrandando y agrandando y los sucesivos gobiernos concedieron aplazamientos sin pedir planes de viabilidad, hasta acumularse 53 millones de deuda e intentar resolverlo todo con una ley de rescate. Ahora, el Gobierno se ha quedado con todas las instalaciones de Osasuna, aunque no le sirven para nada. Y aun así, hay decenas de millones que serán imposibles de cobrar. Y, sobre todo, un par de dudas por resolver: ¿por qué Osasuna pasó diez años sin pagar impuestos? ¿Quién lo decidió?

La consejera de Salud, Marta Vera, en el Parlamento. (I. ZABALETA-ARP)

Parásitos en la Sanidad Pública

El escándalo saltó en 2010. Un informe de Comptos señaló que las cuentas que presentaba Osasunbidea para derivar parcientes a San Juan de Dios estaban mal hechas, que no se ahorraba y que no se podía justificar esa connivencia con la red privada. El informe fue demoledor y no solo con este centro, ya que evidenció un descontrol generalizado. Las facturas que pasaba el Opus por una intervención de rodilla eran 3.000 euros más altas que las de la clínica San Miguel, por ejemplo. Por una resonancia, la Clínica Universitaria cobraba al erario público 398 euros y Alliance, solo 105. La consejera Marta Vera arremetió con dureza contra Comptos por haber elaborado este informe y, haciendo caso omiso de él, las derivaciones a otros centros continúan aumentando. Por otro lado, Vera siempre ha defendido el convenio con el Opus mediante el cual se paga un canon para que sus trabajadores sean atendidos en la Clínica y no en el sistema público. Son más de cinco millones al año.

Un olentzero deja carbón a las puertas del Arzobispado. (J. MANTEROLA-ARP).

Las inmatriculaciones, mil edificios robados

En 2007, por casualidad, se detectó el primer caso de una inmatriculación de un edificio público a nombre de la iglesia. Una ley franquista rehabilitada por el Gobierno de José María Aznar permite al Arzobispado poner a su nombre las propiedades que le vino en gana y la iglesia navarra se llevó la palma a la hora de apropiarse de lo que no era suyo. La cifra es de 1.089 edificios inmatriculados solo en Nafarroa y no siempre relacionadas con el culto (se apropiaron hasta de un frontón). El Parlamento impulsó una reclamación de estos bienes pertenecientes a 200 ayuntamientos. Esta iniciativa contó, como era de esperar, con la oposición de UPN.