El Tribunal de Gran Instancia de lo Civil de París hizo público ayer su decisión sobre la demanda presentada por la familia de Jon Anza en base a las graves irregularidades y fallos habidos en la investigación de su desaparición. Los jueces rechazaron todas las peticiones de indemnización al estimar que no hubo tales «faltas graves» si bien reconoció que sí se dieron un par de «irregularidades menores».

Según informó la abogada de la familia, Maritxu Paulus-Basurko, tres son los argumentos principales en los que basa su sentencia. En primer lugar, el tribunal considera que no había «elementos sustanciales» que pudieran llevar a concluir que el militante donostiarra estuviese en Toulouse por lo que no encuentra razones de peso para realizar una investigación general.

Cabe recordar que cuando la compañera de Anza dio a conocer su desaparición al Tribunal de Baiona el 15 de mayo de 2009, comunicó que ella misma le condujo a la estación de Baiona donde le vio tomar el tren en dirección a la capital occitana. Además, cuatro días más tarde, ETA hizo público que su militante no acudió a las citas que tenía fijadas con la organización en el centro de Toulouse.

El segundo considerando se refiere a que el hecho de que la Fiscalía de Baiona no pidiera al hospital de Toulouse por escrito (cuando así se hizo al resto de hospitales de otras ciudades) si tenían en sus servicios a Jon Anza puesto que, aun siendo así, desconocían su identidad.

El argumento resulta, cuando menos, insólito puesto que en los casos de desaparición, además de los datos sobre la identidad se facilitan otros elementos como las características físicas para intentar encontrar a la persona buscada.

Pequeñas irregularidades

El Tribunal reconoce, no obstante, que sí hubo algunas «irregularidades». Admite que la Fiscalía de Toulouse no actuó correctamente cuando, tras el fallecimiento de una persona no identificada en el Hospital Purpan, ordenó a la Policía investigar su identidad. No solo esta no lo hizo sino que, como sería lo correcto, la Fiscalía no insistió en reclamarla después de que transcurrido más de un mes sin ninguna respuesta por parte de la comisaría tolosana. Para los jueces, es claro que esas omisiones constituyen un fallo pero no lo consideran lo suficientemente grave como para determinar que los servicios judiciales y policiales actuaron irresponsablemente.

En consecuencia, desestima la indemnización de 50.000 euros para los tres miembros de la familia que presentaron la demanda por los daños y perjuicios sufridos.

Sin embargo, tienen la posibilidad de recurrir la sentencia del tribunal en la Corte de Apelación en un plazo de un mes. La abogada Paulus-Basurko contrastará con la familia esta posibilidad, pero recordó que recurrieron a esta jurisdicción principalmente para que se reconozca la reponsabilidad del Estado pero que el objetivo último sigue siendo que se conozca la verdad sobre lo sucedido.

Una sentencia «sorprendente» e «inesperada» para la defensa

La abogada de la familia no pudo esconder ayer su estupor al conocer el fallo del Tribunal de París. Afirmó que no se esperaba una «sentencia así», máxime cuando en la vista celebrada el pasado 1 de abril, el propio Ministerio fiscal coincidió con la defensa en que sí hubo un «cúmulo de fallos que se podían considerar falta grave por parte de los servicios judiciales y policiales de Toulouse».

Por su parte, Anabel Anza, hermana de Jon, declaró haber recibido la noticia «como un jarro de agua fría». «En el fondo te lo esperas pero como en la vista el tribunal escuchó con tanta atención e interés, tenía la sensación de que iba a atender nuestra petición», manifestó antes de añadir que seguramente recurrirán, «porque llegados a este punto habrá que seguir hastal el final».A.M..