El juicio por los incidentes que se produjeron en abril de 2008 en Durango durante la conmemoración del 30 aniversario de Herri Batasuna ha quedado visto para sentencia este martes. La Fiscalía mantiene su petición de un año de prisión para ocho de los nueve acusados por desórdenes públicos y ha sumado a tres de ellos una acusación de resistencia a la autoridad y a cuatro de atentado contra la autoridad, lo que eleva la petición hasta dos años y nueve meses.

Los abogados de la defensa, por su parte, han pedido la absolución de estas ocho personas, mientras que el noveno de los acusados ha alcanzado un acuerdo previo, según han explicado fuentes de la defensa.

Los hechos sucedieron el 26 de abril de 2008, después de que la Ertzaintza prohibiera el acto conmemorativo por orden de la Audiencia Nacional.

La Audiencia de Bizkaia tenía previsto inicialmente celebrar la vista oral el pasado 12 de enero, pero quedó suspendida debido a la detención de uno de los abogados, Kepa Manzisidor, en la operación contra abogados vascos.

Finalmente, el juicio comenzó este pasado lunes con una sesión en la que sucedieron las declaraciones de los imputados y la de los testigos propuestos por el fiscal. En la segunda y última sesión se han efectuado las declaraciones de los testigos de la defensa y se ha procedido a la lectura de las conclusiones definitivas de la Fiscalía y de los abogados de la defensa.

De esta forma, ell Ministerio fiscal ha mantenido las acusaciones iniciales para ocho de los acusados, mientras que con el noveno se ha alcanzado un acuerdo. A los ocho les pide una pena de año de prisión por desórdenes públicos, a tres de ellos les suma, además, un delito de desobediencia y a cuatro un delito de atentado, lo que eleva la petición hasta dos años y nueve meses en este último caso.

Los abogados de la defensa han coincidido en denunciar que se ha producido una «vulneración de derechos fundamentales» y de «garantías de los procedimientos judiciales» porque, según han indicado, «no se citó a las partes en la primera declaración de los ertzainas y, siete años después, no se acordaban de nada y se remitían a un atestado».