Once peritos psicólogos que participaron en el juicio contra los 28 jóvenes independentistas que se llevó a cabo el pasado otoño han difundido un comunicado con el objetivo de hacer una serie de aclaraciones sobre determinados aspectos de la sentencia que condenó a seis años de prisión a siete de esos jóvenes.

En su comunicado, aclaran que participaron en dicho juicio como peritos, «y no como parte de una comisión de investigación» en relación a presuntos casos de tortura, comisión que consideran que es el propio Estado quien «está obligado a crear cuando hay indicios y/o denuncias de tortura».

Recuerdan que los informes periciales presentados estaban basados en los criterios y recomendaciones del Protocolo de Estambul, y añaden que a todas las personas se les pasaron distintas pruebas «para medir el impacto de hechos traumáticos y así poder llegar con mayor criterio a las conclusiones que aportamos».

En ese sentido, afirman que en todos los casos presentados «existía una concordancia entre los hallazgos clínicos y los alegatos de tortura» que realizaron los jóvenes. Por ello, discrepan abiertamente de las conclusiones a las que llegó el tribunal, al declarar éste que no quedó «suficientemente acreditada» la argumentación de que las personas juzgadas hubieran recibido malos tratos o torturas.

Sobre el hecho de que sus informes fueran realizados transcurridos más de tres años después de haber denunciado las torturas, aclaran los psicólogos que, a pesar del tiempo transcurrido, «las pruebas y la evaluación psicológica determinan que aún padecen síntomas de estrés postraumático en algunos casos, y en otros, incluso trastornos de estrés postraumático crónico».

Por ello, consideran que la sentencia «contrapone los informes periciales realizados por los profesionales de la psicología con la valoración de los magistrados sobre la actitud de las personas peritadas en referencia al testimonio de algunos policías». Ello les parece «una falta de respeto hacia los profesionales que realizaron las peritaciones y hacia el Protocolo de Estambul».