La línea roja que para muchas personas de bien impide que pueda facilitarse o aceptar pasivamente que Javier Maroto siga siendo alcalde de Gasteiz es la de haber mantenido un discurso racista y agresivo hacia una parte de la ciudadanía gasteiztarra. Es lo que hizo en su día que todo el resto de los grupos municipales le dieran la espalda gráficamente y lo que ha acalorado hasta tal grado la convivencia en la capital que personalidades habitualmente templadas y poco dadas a estridencias han querido alzar su voz –y tengan previsto volver a hacerlo, quizá hoy mismo – demandando al resto de partidos que impidan que vuelva a la Alcaldía, porque nadie se cree su pantomima del lunes.

Sin embargo, si el racismo es el punto diferencial de Gasteiz con respecto a otros lugares donde se da por hecho el respeto a la lista más votada, tampoco puede obviarse que Maroto ha protagonizado un mandato personalista, basado en la propaganda que pretende difuminar la mala gestión de los recursos. Por otro lado, el hecho de que haya querido esconder su sigla en la campaña no puede ocultar que pertenece al PP que pagó su sede regional en Bilbo con dinero negro (siendo gerente un dirigente alavés), el mismo PP financiado con la «caja B», el de la Gürtel, la Púnica y el reparto de sobres entre sus cargos.

Javier Maroto ha dejado sin dinero la caja del Ayuntamiento, hasta el punto de que no puede hacer frente a las demandas judiciales que provocan la mala gestión del PP. Por ejemplo, una sentencia determinó recientemente que el Ayuntamiento debe pagar 4,5 millones por unas expropiaciones mal hechas en la zona de Olarizu, pero un informe municipal desvela que «la situación financiera es tan tensa» que en las arcas municipales no hay dinero para hacer frente al gasto.

Según publicaba el martes un diario local poco dado a la beligerancia contra Maroto, el Ayuntamiento de Gasteiz tiene una deuda viva de 111 millones de euros, lo que supone 454 por cada habitante.

No se puede olvidar tampoco que Javier Maroto, Alfonso Alonso y todo su equipo de gobierno están inmersos en una investigación del Tribunal de Cuentas, avalada por la Fiscalía, por el perjuicio económico causado a la ciudad al acordar con un empresario el alquiler de los locales de la calle San Antonio en condiciones muy beneficiosas para el magnate, que no para la ciudad.

Y de manera indefectible, esta confusión entre los intereses públicos y los privados lleva a recordar que por mucho que Javier Maroto quisiera ocultarlo en campaña, pertenece al partido que está acusado judicialmente de haber pagado la sede de Bilbo con dinero negro proveniente de «donaciones» empresariales, y de haber financiado todo el PP con una «caja B», y que día sí y día también está viendo cómo cargos internos y públicos acaban siendo detenidos por corrupción.

Todo ello, y lo mucho que las limitaciones del texto impiden reseñar, parecen suficiente razón para que el bien común se imponga el sábado a los intereses de partido.