Se trata de dos informes con pruebas de «crímenes de guerra y de lesa humanidad» cometidos por el Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza y Cisjordania. Concretamente, según detalló el portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Xavier Abu Eid, a GARA, Palestina ha entregado a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, «suficiente información» para que entienda la «gravedad» que supuso la Operación Margen Protector contra Gaza entre el 8 de julio y el 26 de agosto de 2014, que causó la muerte de 2.251 palestinos (1.462 de ellos civiles), así como de 67 soldados y 6 civiles israelíes.

La acusación no se limita únicamente a estos hechos, sino que el Gobierno de Mahmud Abbas va más allá y pretende que se abra una investigación sobre la colonización del territorio palestino, así como sobre la situación de los prisioneros en un contexto de «ataque sistemático por parte de líderes y agentes israelíes».

Actualmente, según recuerda a este diario Abu Eid, hay alrededor de 6.000 presos palestinos en cárceles israelíes, entre ellos menores de edad. En cuanto a la ocupación, en Cisjordania hay más de 125 colonias, a las que se suma la docena existente en Jerusalén Este y más de 30 en los Altos del Golán, por lo que, en total, la cifra de colonos supera los 550.000 sobre una población de 8,2 millones de israelíes.

No obstante, la documentación entregada solo se refiere a los «crímenes cometidos por individuos en el liderazgo israelí» acaecidos desde el 13 de junio de 2014, fecha a partir de la cual Palestina aceptó la jurisdicción de la CPI, después de que Abbas firmara el pasado 31 de diciembre su adhesión al Estatuto de Roma (texto fundacional de la Corte Penal Internacional).

Días después, el 16 de enero de este año, la fiscal gambiana Fatou Bensouda decidió por iniciativa propia analizar si hubo violaciones o crímenes de guerra cometidos por Israel u organizaciones como Hamas en los territorios palestinos ocupados, a pesar de que no fue hasta el 1 de abril cuando Palestina se incorporó oficialmente al CPI. La adhesión de Palestina a este organismo fue posible gracias a que en noviembre de 2012, la Asamblea de la ONU aprobó, con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones, otorgar a la Autoridad Palestina (ANP) el estatus de «Estado Observador» de las Naciones Unidas. Hasta entonces, era simplemente una «entidad observadora», lo que impidió que la CPI investigara las denuncias presentadas por Palestina en los últimos cinco años.

El portavoz de la OLP remarca que con el paso que ha dado Palestina de acudir a La Haya con pruebas, la fiscal podrá saber quiénes son los que han cometido los crímenes. Muy diferente es la postura del portavoz del Ministerio de Exteriores del Gobierno de Israel, Emmanuel Nachshon, quien, en declaraciones a GARA, acusa a Palestina de tratar de ejercer una «manipulación de los mecanismos jurídicos internacionales con fines políticos, que no tienen nada que ver con la CPI». Por ello, Nachshon, cuyo país, al igual que EEUU, no reconoce al Tribunal de La Haya, espera que la fiscal «lo entenderá así» y, por tanto, archivará la denuncia.

Abu Eid tacha de «histérica» la reacción de Israel, que ya ha anunciado que no colaborará con este Tribunal, al estimar que no tiene competencias para investigar a Palestina, debido a que «no es un Estado reconocido».

«Es la primera vez que Israel va a ser llamado a una Corte imparcial y no está acostumbrado a ser tratado como cualquier otro Estado, sino a trabajar con impunidad», censura el dirigente palestino, quien afirma que «no nos preocupa lo más mínimo esta desesperación».

Necesitan «acabar con la impunidad»

Preguntado sobre si cree que una investigación penal sobre Israel impedirá a medio o largo plazo un proceso de paz, Abu Eid insiste en que «para lograr la paz necesitamos acabar con la impunidad». Por ello, recalca que Palestina está colaborando con la CPI «en todo lo que se nos ha pedido», razón por la cual invita a Israel a que forme parte de este Tribunal y «respete todas las leyes internacionales». No obstante, augura que Israel no tiene la voluntad política de reconocer que La Haya tiene jurisdicción para investigar los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, porque los dirigentes de este país «están acostumbrados a actuar por encima de la Ley y no ante una Corte Internacional que puede actuar contra ellos».

Precisamente, el pasado 22 de junio, una comisión investigadora del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigida por la jueza estadounidense Mary McGowan Davis, acusó a Israel y a grupos armados palestinos, entre ellos Hamas, de cometer crímenes de guerra durante los 50 días que duró la última ofensiva contra Gaza. Ambas partes niegan las acusaciones, mientras que el portavoz de la OLP destaca que la ONU «no pone a la misma altura» a Israel y Hamas, sino que señala que «existe la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de guerra en más de un sector, pero los de Israel son mucho mayores que los que se denuncian del lado palestino».

Pese a ello, recalca que «vamos a cooperar para que se esclarezcan estos asuntos y poder lograr la justicia».

Lejos de colaborar, Israel tiene como aliado al expresidente español José María Aznar, quien a través de su organización Friends of Israel envió un informe a la ONU exculpando a ese país de cualquier crimen y responsabilizando a Hamas de la «inmensa mayoría» de las muertes en Gaza.