La petición de las organizaciones Dignidad y Justicia y la Fundación Luis Portero, entre otros, ha encontrado la respuesta positiva del juez de la Audiencia Nacional española Juan Pablo González, que ha iniciado una nueva investigación dirigida contra «los integrantes de los órganos directivos de ETA» desde 2004. Es este el año en el que el tipo de «delitos de lesa humanidad» se añade al Código Penal español, por lo que solo podrán ser investigados los hechos posteriores a esa fecha.

El auto precisa que serán sujeto de investigación «quienes como integrantes de los órganos directivos de la banda terrorista, constitutiva de una estructura de poder perfectamente organizada hubieran asumido la dirección global y las responsabilidades decisorias». Precisión que en base a las sentencias de la propia Audiencia Nacional española, que en muchos casos no ha distinguido la pertenencia de los condenados a la propia ETA o a organizaciones políticas de la izquierda abertzale, crea incertidumbre en cuanto a quiénes serán realmente los incluidos en esa lista. El juez ha ordenado a los cuerpos policiales que identifiquen «a los integrantes de los órganos directivos de dicha organización desde esa fecha».

El juez rechaza el extremo de «genocidio», tal como pedían las partes querellantes. Lo hace argumentando que para hablar de genocidio es necesario que las víctimas compartan nacionalidad, etnia, raza o religión. Según el auto, en este caso «los diferentes colectivos de víctimas de ETA no pueden ser considerados grupo nacional o de parte de un grupo nacional, pues en el País Vasco, víctimas y victimarios comparten la misma identidad nacional y tan españoles son unos como otros».

En el auto también se ordena a los cuerpos policiales que informen sobre causas abiertas «en relación a los delitos de asesinato o secuestro» que pudieran haberse producido desde 2004.

Rechazada primero, devuelta después

Juan Pablo González sustituyó a Javier Gómez Bermúdez en la sala tercera de la Audiencia Nacional española. En octubre de 2013 el anterior titular de este juzgado rechazó admitir a trámite la querella presentada por estas asociaciones. En febrero de 2014, y respondiendo al recurso de los querellantes, otra sala declaró que el tribunal excepcional español es competente para realizar esta investigación y devolvió la denuncia a su primer tribunal, que inició el trámite de la querella.

Otra organización similar, Covite, llevó una petición de la misma índole en febrero del año pasado a La Haya, en este caso citando a once personas concretas. Entre ellas se encontraban Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Pernando Barrena y Josu Urrutikoetxea.

La iniciativa judicial viene acompañada, además, de otra en el ámbito institucional. En marzo, el Parlamento de Nafarroa, todavía con mayoría de fuerzas afines al régimen, aprobó una declaración en la que condenaba «la limpieza nacional, los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA».