En junio de este año, las delegaciones del Gobierno colombiano y de las FARC-EP presentaron en La Habana las bases de la futura Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que se pondrá en marcha una vez firmado el acuerdo de paz. Entre sus múltiples mandatos está el de esclarecer «el impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos».

En una carta publicada en la web «Mujer fariana» en mayo pasado, la delegada de la guerrilla Victoria Sandino denunció la sustracción en algunos casos de hijos de padres y madres guerrilleros, exigiendo al Estado su devolución a sus progenitores.

En la misiva se hace eco del caso concreto de una guerrillera, identificada como Andrea, que el 21 de octubre de 2010 ingresó en el hospital Pablo Torón Uribe, del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Según relata Sandino, ella «sabía que la hospitalización era un riesgo, podía ser capturada, pero estaba en juego la vida de su criatura y de ella misma, así que tomó la decisión de internarse. El personal médico le recomendó que su hijo permaneciera internado en la sala de Pediatría».

Asegura que cuando la persona designada por Andrea se personó en el centro médico para hacerse cargo del recién nacido, «se encontró con que el Ejército lo había secuestrado y algunos uniformados estaban vigilando –las instalaciones– a la espera de que se personara la madre para detenerla».

Su hijo, denuncia Sandino, fue dado en adopción el 11 de noviembre de 2011. Afirma también en la citada carta que «no es la única madre guerillera que ha perdido el rastro de su hijo» e incide en que «nada justifica que un niño o niña sean retirados por motivos políticos del cuidado de sus familiares».

En la entrevista concedida a GARA para hablar sobre este caso y otros similares, Sandino señala que este es uno de los aspectos que deberá abordar la Comisión de la Verdad.

Reconoce la escasez de documentación al respecto motivada por la propia guerra y la situación de clandestinidad en la que operan. Señala, al respecto, que apenas han iniciado las labores de documentación de casos similares a los de Andrea y su hijo, y otras situaciones producidas a lo largo de cinco décadas de conflicto social y armado.

¿De cuántos menores «desaparecidos» hablamos?

El total del reporte de niñas y niños hijos de guerrilleros y guerrilleras desaparecidos, como tal, no lo tenemos. Hay casos como el de Daniel Aldana y su compañera Johana, quienes se encontraban en la ciudad de Cali en tratamiento médico, estaban en compañía de su niño, a la pareja la asesinó la Policía y luego el Instituto de Bienestar Familiar se apropió de él, del menor, a quien retuvo por más de dos años. Aunque la abuela materna exigió su devolución de inmediato, tuvo que poner abogado para lograr recuperar a su nieto huérfano.

En la delegación de paz, por ejemplo, estuvieron dos compañeras cuyos hijos fueron cuidados por terceros y luego no volvieron a saber nada más de ellos; por más que han tratado de averiguar el paradero de sus hijos, no les ha sido posible. Y así hay muchos casos que aún no hemos documentado completamente. Este es un punto que debe asumir una Comisión de esclarecimiento de la verdad.

El juicio por el plan sistemático de robo de menores durante la dictadura argentina puso sobre la mesa el minucioso plan diseñado por militares, sectores civiles y eclesiásticos, así como el funcionamiento de maternidades clandestinas en centros de detención. En El Salvador, la ONG Pro Búsqueda estima que cerca de 500 menores desaparecieron durante el conflicto armado. ¿Qué características particulares adquiere, de existir, esta práctica en Colombia y qué objetivos persigue?

Podemos decir que la desaparición de menores no es propiamente una práctica sistemática en Colombia, pero sí hay casos que le han ocurrido a hijos e hijas de guerrilleras y guerrilleros, afectando a sus entornos familiares y a las comunidades. Datos que no ha sido posible documentar, porque las condiciones de la guerra no nos permiten tener toda esa información y sistematizarla, porque las madres y padres guerrilleros han muerto y la misma organización ha perdido contacto con sus familiares.

A casi tres años de conversaciones, ¿por qué han hecho pública en este momento la denuncia de este caso?

Estábamos haciendo la averiguación respectiva de los hechos. Otro elemento es que las familias de nuestros y nuestras combatientes se imponen un autosilencio por temor a ser identificados y a que continúe la persecución.

Muchos de los familiares se vuelven casi clandestinos, porque las amenazas son permanentes, especialmente por los organismos de seguridad y de las fuerzas militares; estos hechos sí son prácticas permanentes por los agentes del Estado y están ampliamente documentadas desde los años setenta. Así que necesitábamos tener los elementos de juicio y certezas del caso, hasta descubrir las circunstancias concretas y que lo habían dado en adopción.

¿Qué sigue a esta denuncia?

Aspiramos a despertar la solidaridad nacional e internacional, de manera especial de las organizaciones de mujeres y defensoras de los derechos humanos. Solidaridad que puede expresarse, entre otras, difundiendo la denuncia y exigiendo al Estado colombiano que devuelva el niño a los familiares de Andrea, pues es su hijo y le asiste absoluto derecho a ello.

En el caso concreto que denuncian, ¿qué motivos esgrimió el hospital para no entregar al recién nacido a la persona designada por la guerrillera Andrea? ¿Cómo un recién nacido que debe estar internado por motivos de salud en la unidad de neonatos acaba en manos del Ejército y es derivado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)?

La primera situación es que Andrea no podía cuidar ni ir a por su bebé, porque se exponía a ser capturada. Y al ser capturada, se exponía a tortura, desaparición o a ser asesinada. Así que autorizó su entrega a una amiga suya de la infancia; pero el Ejército estaba custodiando el lugar y vigilando el acceso al bebé y no dejó que se lo entregaran a la reclamante. Luego el padrastro insistió en que se lo entregaran pero no lo logró, con el argumento de que el padrastro no podía demostrar parentesco de consanguinidad.

Por supuesto que hay una actuación incorrecta por parte del hospital, porque permitió que fuera el Ejército quien retirara a la criatura.

¿De qué herramientas disponen los familiares de guerrilleros para reclamar a estas criaturas –en general– teniendo en cuenta que Colombia es un Estado de Derecho con normativas en protección de los derechos del menor?

La mayoría de las familias no tienen recursos para acudir a asesoría jurídica. Pesa también que los padres (guerrilleros y guerrilleras) están en la clandestinidad, y no pueden hacer ningún trámite, es decir, los familiares tampoco los pueden adoptar legalmente, porque ahí están las trabas para que familiares de primer grado puedan darles de manera legal sus apellidos. Así las cosas, el Instituto de Bienestar Familiar prefiere otorgarles la custodia a otras personas que a sus familiares.

También esto se convierte en una enorme carga para los niños, niñas y adolescentes, por cuanto tienen que guardar silencio, no pueden decir quiénes son sus padres, si los alcanzan a conocer, deben negarlos todo el tiempo, por su propia seguridad y la de sus cuidadores.

¿Qué cauces de búsqueda posible hay en Colombia?

Esas alternativas no las conocemos dentro de las instituciones del Estado, que es el que ha procedido así, por eso estamos planteando una comisión de esclarecimiento de la verdad histórica, que entre otros debe tratar estos aspectos. Acudimos a la denuncia y a la solidaridad para que no se vuelvan a repetir estos hechos.

¿Qué papel juega, a su juicio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)?

El papel que debería jugar este instituto es el de proteger a los infantes que están en situación de vulnerabilidad, de maltrato físico y abandono, así como a los menores que padecen de pobreza extrema, como lo que está ocurriendo en los departamentos de la Guajira y el Chocó, donde han muerto más de 5.000 niños indígenas de hambre y desnutrición; pero los hijos de los guerrilleros, pese a no estar con sus progenitores, tienen familias que los quieren y les pueden brindar protección. Pero dicho instituto recoge a los menores y los aísla y en algunos casos, como el de Andrea, los da en adopción. También permite que los menores sean utilizados por el Ejército como herramienta de chantaje contra la guerrillera y sus familiares. Porque los persiguen y buscan convencerles para que entreguen a sus padres. Los ha usado así mismo en acciones de inteligencia.

¿Cuál es el destino de los hijos de los guerrilleros tutelados por el ICBF?

El destino es ir a casas de protección y refugios de paso, y ser dados en adopción.

¿Qué tipo de respuesta han obtenido de la contraparte en la mesa de conversaciones en relación a éste y otros casos similares que pueda haber?

Estos temas de discusión no los podemos hacer públicos.

En una entrevista con GARA, la también delegada Camila Cienfuegos denunció el «delito de sangre» y la «persecución» que sufren los hijos de guerrilleros. ¿Consideran que como en el caso argentino los hijos de guerrilleros son también un «botín de guerra»?

Sí, de alguna manera, pues son un instrumento de presión a los guerrilleros y guerrilleras, bien para convencerles a través de sus descendientes a que abandonen su lucha o son utilizados como señuelo para cazarles o asesinarles a través de ellos.