La visita de los miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC) Brian Currin, Alberto Spektorowski y Raymond Kendall estaba anunciada de antemano con la intención de testar la situación, pero cobró mayor calado tras la operación policial de Baigorri contra la dirección de ETA. Llegaban a Euskal Herria preocupados por el bloqueo existente y se marchan más inquietos aún, según reconocieron tras las reuniones. Por un doble motivo: la ofensiva estatal, con unas detenciones que complican más las cosas, y las discrepancias entre los principales agentes vascos, agudizadas por el visto bueno acrítico de Lakua a la vía policial del PP, que ayer intentó rebajar.

Aunque, como es norma obligada en estas labores de facilitación, se evitaron críticas directas, quedó clara la distancia creciente entre el GIC y la posición del PNV-Lakua. El secretario de Paz y Convivencia Jonan Fernández, su interlocutor en ausencia de Iñigo Urkullu, evitó declaraciones, pero desde Sabin Etxea Koldo Mediavilla sí admitió que su partido «es escéptico ante los planteamientos de Currin y los que con él vengan. Entre otras cosas, porque la experiencia demuestra que a pesar de sus buenas gestiones para llevar adelante un proceso normalizado de final de la violencia, no terminan de estar en su mano estas circunstancias». La valoración no es estrictamente nueva, dado que tándem Ortuzar-Urkullu lleva algún tiempo utilizando contra los facilitadores internacionales la misma actitud de presión que emplea contra la izquierda abertzale.

Spektorowski, por su parte, hizo hincapié en las diferencias sustanciales entre PNV y Sortu en esta materia, poniendo como ejemplo su divergente interpretación de las detenciones de Baigorri y sus consecuencias. Implícitamente, dejó de manifiesto con quién de los dos está más de acuerdo el GIC, al criticar abiertamente que se arreste a dirigentes de ETA como David Pla e Iratxe Sorzabal, que «trabajan en un proceso ya definido para la paz».

En la noche del martes, en Radio Euskadi, el facilitador acusó al Gobierno español de «obstruir cualquier proceso de acercamiento o de terminar de una vez por todas con esto. Tendría que estar resuelto ya y me da a entender que hay actores que no están interesados». Dio por seguro que la actuación policial «dificulta el camino» y consideró que habrá que esperar a un eventual cambio de gobierno en Madrid «para que el proceso pueda avanzar».

Lakua se matiza

Preguntado sobre si cabe imaginar un «final estrictamente policial», que es lo que desearía el PP, Spektorowski respondió: «No lo creo. ¿Qué quiere decir policial? Uno puede decir ‘agarraron a este, agarraron a aquel, agarraron al de más allá’, pero ¿qué sabemos que queda? Siempre quedan resabios. Terminando ordenadamente ganan todos, también el Estado», insistió.

Tras ello, el Gobierno de Lakua matizó su posición del martes, cuando se mostró satisfecho por los arrestos y complaciente con la idea del «final policial», acusando a ETA de estar mereciéndoselo. Josu Erkoreka, portavoz, admitió en Radio Euskadi que «siempre es más seguro un final ordenado» y que además, parafraseando al ministro de Interior español, hará falta «un acta de defunción clara».

Ejemplificó la situación con un símil; no cabe expedir tal acta sobre una persona simplemente desaparecida, solo puede hacerse al acreditarse de modo fehaciente que ya no existe.

Sortu se reafirma

En cuanto a Sortu, trasladó a Currin, Spektorowski y Kendall su consideración de que la redada de Baigorri «perjudica especialmente a los que creemos en el proceso de paz y por tanto a los intereses de la sociedad vasca», según explicó Pernando Barrena en Bilbo.

Junto a ello, Sortu dejó claro al GIC que «ni las elecciones estatales ni la posición de ningún otro agente va a cambiar en absoluto nuestra apuesta. La izquierda abertzale hace una apuesta inquebrantable por la paz y nadie la va a alterar».