La sección primera de la Audiencia Nacional española ha rechazado el recurso presentado por una veintena de presos vascos contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancai Penitenciaria de mantenerles dispersados en cárceles del Estado español. Considera que «no se ha conculcado los derechos de comunicaciones, defensa y asesoramiento jurídico, asistencia médica, cultura o educación», ni se han contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El magistrado Ramón Sáez Valcárcel firma un voto discrepante.

«En este caso ninguna vulneración de derechos fundamentales con cobertura constitucional, u ordinaria, tanto a nivel nacional como internacional se ha producido, ni se han contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», dice la sentencia.

El fallo insiste en varias ocasiones en que el acercamiento, orientado hacia la reinserción, tiene como condición la «ruptura de vínculos con ETA», algo que rechaza en los casos tratados.

En su argumentación, los togados realizan un análisis histórico de la política de dispersión aplicada por los diferentes gobiernos españoles desde finales de los años 80 y se detienen en el momento actual, marcado por el cese definitivo decretado por ETA hace ahora más de cuatro años. «A la vista de los acontecimientos sociales, tales como el cese definitivo de la actividad armada, que no disolución o cesación global de la actuación de la banda terrorista, ha sido modificada, posibilitando una especie de reagrupamiento controlado de una parte de aquellos internos que han roto sus vínculos con la organización terrorista. Es la denominada ‘Vía Nanclares’», dicen los magistrados. 

Frente a los presos que se han acogido a esta vía, los jueces ubican a «otro grupo de reclusos, que han decidido no solo no cortar con la ortodoxia de la banda armada, sino continuar con sus postulados, no reconociendo a las víctimas, y no cercenando así su pasado delictivo».

El texto llega a criminalizar la propia demanda de acercamiento formulada por decenas de presos en 2014. «Siendo así además que el propio Centro Penitenciario enmarca dicha petición en el marco de una estrategia colectiva diseñada por la dirección de la organización terrorista ETA, anunciada previamente en los medios de comunicación y que no es ajena a ese control que aquella quiere mantener de sus miembros, incluso de los internos, por lo que es lógico, que situaciones diferentes sean tratadas de distinta manera, sin quiebra alguna del principio de igualdad». Cabe recordar que dicha reclamación se llevó a cabo después de que representantes del EPPK abogasen por asumir «toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político» y explorar las vías legales para dar salida a su situación.