El acuerdo implica, entre otras cuestiones, dar orden de «no colaboración de la Policía Municipal» en los desahucios de primera y única vivienda de vecinos de la la ciudad «mientras no haya alternativa 'habitacional' salvo que se actúe por orden judicial».

El Ayuntamiento elaborará un protocolo de actuación ante situaciones de desahucio, tanto de viviendas en propiedad como de alquiler, e informará a las empresas promotoras de alquiler protegido para que comuniquen con «tiempo suficiente» los posibles desahucios.

El pleno ha acordado también la creación de una oficina municipal de viviendas; un registro municipal de viviendas destinadas al alquiler social; un registro municipal de solicitantes y, «a la mayor brevedad», la aprobación de una ordenanza de utilización de las citadas viviendas municipales.

El Consistorio, «dentro del marco legal», estudiará replantearse la colaboración con aquellas entidades bancarias que provoquen un desahucio «sin haber buscado una negociación razonable y no haberlo puesto antes en conocimiento» del Ayuntamiento.

Joxe Abaurrea, de EH Bildu, ha dicho que la declaración es una «denuncia», porque es una situación que deviene de «una elite política avariciosa que deja abandonadas a las personas para lucrarse», además de un «reconocimiento» por el trabajo de los colectivos que hicieron que la sociedad «no perdiera la dignidad» y «un compromiso, no solo palabras».

Mikel Armendáriz, de Geroa Bai, ha considerado que el Consistorio «no puede permanecer impasible» ante determinados desahucios, mientras que la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Edurne Eguino, ha destacado que en Iruñea hay 5.000 viviendas vacías.

Patricia Fanlo, de PSN, ha destacado la «necesidad de una respuesta inmediata a familias con riesgo de desahucio» y Armando Cuenca, de Aranzadi, ha subrayado la «capacidad de intervenir» en el mercado de la vivienda del Consistorio y el «dignificar» a los afectados.

Ana Elizalde, de UPN, ha señalado que la moción aprobada era «recurrente y falta de contenido», y que podría ser «un brindis al sol», ya que los grupos que la han aprobado tienen «la responsabilidad del Gobierno».

En la sesión ha estado presente un nutrido grupo de personas pertenecientes al colectivo de Plataforma de Afectados por la Hipoteca.