La sicosis que vive Europa tras los atentados de París y el «estado de emergencia» decretado en Bruselas tiene también su efecto en la política del Estado, en plena carrera preelectoral. Por una parte, PP y PSOE aprovechan para reforzar su «pacto antiyihadista» y se miran de reojo ante los llamamientos franceses para que Madrid se sume a su operación militar en Mali y así el Ejército galo pueda dedicarse a seguir atacando Siria. Por la otra, alcaldes como Ada Colau (Barcelona), Manuela Carmena (Madrid) o José María González «Kichi» (Cádiz) se han sumado a personalidades como Juan Diego Botto, Isaac Rosa o el «Gran Wyoming» para lanzar un manifiesto contra los ataques yihadistas, la islamofobia, el recorte de libertades y la escalada bélica. Todos rechazan que su posición tenga un carácter electoralista pero es evidente que, a un mes de elecciones, el «cierre de filas» disfrazado de «acuerdo antiterrorista» y la nueva versión del «no a la guerra» tendrán su impacto en las urnas.

El atentado contra Charlie Hebdo puso la primera piedra del «pacto antiyihadista» firmado entre PP y PSOE en febrero. Ahora, tras la matanza de Paris, la mayoría de formaciones políticas del Estado hacen cola ante el ministerio del Interior para suscribir un acuerdo que legitima la agenda securócrata de Mariano Rajoy, incluso avalando la «cadena perpetua revisable» a la que, en un principio, Pedro Sánchez se opone. Hoy, representantes de Ciudadanos, UPyD, Unió y Partido Aragonesista se sumarán a PP, PSOE, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias, que ya suscribieron el texto en febrero. Podemos acudirá a la reunión como observador, mientras que IU ha declinado tomar parte. También el PNV, a quien Moncloa presiona insistentemente.

El pacto, disfrazado de la siempre útil «unidad contra el terrorismo» esconde la legitimación de buena parte de medidas excepcionales desarrolladas en los últimos años: más control, especialmente sobre redes sociales, más policía y penas más altas que permiten incluso que alguien condenado por un tuit pueda ser sentenciado a tres años de cárcel. En tiempos de «operaciones Araña» esta legislación ha sido muy útil para la Guardia Civil, que ha aprovechado para incrementar la presión no sobre las webs yihadistas, sino contra tuiteros vascos, que son mayoría entre los arrestados.

Menos libertades y la sombra gala

Los tiempos de estrés postraumático como el que padece Europa son perfectos para que los «halcones» se crezcan. A las restricciones de libertades que recoge el documento se le suman presiones para que Madrid se aliste junto a París en su escalada belicista. Al margen de los delirios de algunas cabeceras madrileñas, enfundadas ya en el traje caqui, lo cierto es que la posible participación española en una hipotética intervención –que ni François Hollande explica dónde ni durante cuánto tiempo ni con qué objetivo– no se centra en Siria sino en Mali. Ahí, donde el Estado francés lleva empantanado desde hace más de dos años es donde París quiere refuerzos. A un mes de las urnas, en Moncloa no lo tienen claro. Aunque cada vez parece más claro que lo que París quiere es que Madrid ejerza de retaguardia en África para tener las manos más libres en Siria. Con el 11M como terrible antecedente, parece que Rajoy quiere esperar a después de elecciones para tomar una decisión o que sea otro el que tenga que elegir.

Pocos han roto el mensaje homogéneo. Quienes rompen el «cierren filas» se han sumado a la campaña «no en mi nombre», que celebrará una marcha el sábado en Madrid. «Nos negamos a participar en el falso mercadeo entre derechos y seguridad. Aquí, en París, en Iraq o en Siria, son los pueblos los que ponen las muertes mientras unos y otros trafican con influencias, armas e intereses geoestratégicos», dicen los convocantes. A diferencia del «no a la guerra», el PSOE no ve conveniente colocarse tras la pancarta. Como en otros asuntos «de Estado», Sánchez prefiere hacer piña con Rajoy y mantener la ambigüedad. Ya ha apoyado los recortes de libertades. Habrá que ver qué dice si es Hollande quien le pide mover tropas.