A la hora de analizar la fase que se abre en la Ponencia de Autogobierno conviene delimitar primero cuál va a ser su objetivo, qué se va a decidir o intentar acordar. Y, vista la voluntad de los grupos y que por delante apenas quedan cinco meses de legislatura –en los que además habrán de abordarse al mismo tiempo leyes complejas como la Ley Municipal–, ya sabemos que a lo más que puede aspirarse es a intentar consensuar unos cimientos políticos sobre los que el futuro Parlamento, con una composición distinta y la entrada de nuevas fuerzas como Podemos, tendrá que construir un nuevo estatus para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Ese es ahora el terreno de juego. Conviene, por tanto, atenerse a que la negociación no habrá de hacerse sobre los objetivos finales, sino sobre el allanamiento y la preparación de un solar que no condicione ni hipoteque ninguna decisión futura.

La pregunta para ello es si en los documentos presentados se observan mimbres para un acuerdo y, tan importante como ello, a quién se ve con intención de intentarlo. Empezando por lo segundo, da la impresión de que solo PNV y EH Bildu pueden estar de alguna manera interesados en avanzar por este camino en los próximos meses. El PSE está a otra cosa. Y si bien es verdad que los jeltzales mantienen pactos de gobierno con el partido de Idoia Mendia, para esta fase no se necesitan, ni lo que de ella salga va a condicionar sus acuerdos a corto o medio plazo. Por lo demás, al PP no se le espera en este debate y UPyD ya no cuenta.

En los textos presentados por PNV y EH Bildu hay una gran diferencia en la terminología empleada. También es evidente que sus objetivos finales son diferentes. Pero sabiendo los límites de esta fase y pasado el trapo o si se prefiere la aspiradora sobre sustantivos, verbos y adjetivos, ¿qué nos queda?

Para empezar, ambas formaciones coinciden sobre el papel en que Euskal Herria es una nación con derecho a decidir y que cada uno de sus tres ámbitos administrativos actuales debe llevar sus propios ritmos y encarar, de forma democrática, sus propias decisiones. Esta es, por tanto, una cuestión que a la hora de elaborar una base política para un nuevo estatus no debería ofrecer mayor problema. En caso de dudas, ahí están redactados los artículos del Nuevo Estatuto Político de 2004 y los documentos de Loiola sobre los que ya hubo acuerdo.

Siguiente paso. EH Bildu aboga por convertir las actuales instituciones autonómicas en instrumentos realmente soberanos, en el camino hacia la constitución de un Estado. El PNV, por su parte, reclama que las instituciones autonómicas tengan la competencia exclusiva sobre todo aquello que afecte a las políticas públicas en la CAV y que no sean ámbitos competenciales del Estado. A esto añade que la legislación que provenga de Madrid y que pueda invadir competencias propias deberá ser validada por las dos partes antes de que entre en vigor en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Al margen de la terminología y los juicios de intenciones, parece que tanto EH Bildu como PNV podrían encontrar, aunque fuera con algunas dificultades, puntos de consenso sobre estas materias, teniendo en cuenta que se habla siempre de un documento de bases, no de la redacción inmediata de un nuevo estatuto. Ya ocurrió también en 2004.

Luego está la disyuntiva sobre la bilateralidad o la unilateralidad, sobre si es posible avanzar con acuerdos con el Estado español o si eso resulta imposible. Pero esa es una cuestión que no corresponde a este momento del debate, ni al de dentro de cinco meses. Se pueden hacer algunos apuntes sobre ello. Y ya se hicieron ayer mismo. Joseba Egibar afirmó que, como en Catalunya, es el Estado el que al no aceptar la negociación te empuja a la unilateralidad (y aunque cabe dudar de que el PNV tomara la vía catalana incluso en ese caso, insisto en que no es la discusión de este tiempo). Y en nombre de EH Bildu Pello Urizar admitió que el esquema de bilateralidad de Quebec o Escocia es el mejor, aunque esto resulta imposible en el Estado español. Por tanto, ese es un puente que no habría que cruzar hasta llegar a ese río.

Visto todo ello, en pura teoría, aplicando un principio de realidad y recordando las palabras de Telesforo Monzon, es posible que las dos ramas del abertzalismo puedan llegar con un acuerdo hasta esta estación de Maltzaga.

El escollo puede estar en que los unos o los otros no quieran afrontar una campaña electoral para las autonómicas con un acuerdo. Pero estamos hablando del solar, no de la futura edificación, ni de cómo se fijan luego las normas de la comunidad de vecinos.

Es decir, un acuerdo político de esas características deja tanto al PNV como a EH Bildu todo un campo abierto de debate y confrontación electoral sobre cuestiones de gestión diaria y de modelo político, económico y social a corto, medio y largo plazo.

Además, tendría la virtud de centrar el debate en una agenda nítidamente vasca durante los próximos meses.

Pero para que un acuerdo siquiera tan genérico pueda darse conviene trabajar complicidades o, al menos, no irritar a los posibles compañeros de viaje. De ahí que sea muy difícil de entender la posición adoptada desde Lehendakaritza –o al menos desde la Secretaría de Paz y Convivencia– sobre la conferencia de Rufi Etxeberria y el acuerdo por el que el Estado renunciaba a encarcelar dirigentes políticos. Siendo además Iñigo Urkullu sabedor de lo sensibles que son los temas de paz y presos para la izquierda abertzale y su dirección.