Cuatro de los cinco procesados han comparecido de nuevo en el Parlamento navarro, tal y como hicieron antes de ser juzgados en la Audiencia Nacional española en octubre de 2015. En esta ocasión, han estado acompañados de su abogada, Amaia Izko, que ha relatado las continuas vulneraciones de derechos a los que se han visto sometidos los cinco enjuiciados de Askapena, junto a decenas de ciudadanos vascos. Así, ha explicado que se intervinieron de manera exhaustiva las conversaciones telefónicas y correos electrónicos de numerosas personas en busca de pruebas contra Askapena, algo prohibido expresamente, y que, sin embargo no encontraron nada. Pese a ello, les imputaron colaboración con ETA en una causa que calificó de ideológica, ya que en la vista no se formularon preguntas sobre hechos sino sobre sus planteamientos políticos.

Aritz Ganboa, uno de los cinco enjuiciados, ha denunciando que en el caso de Askapena, como en otros muchos, se ha convertido lo excepcional en norma. De este modo, han tenido que sufrir detenciones de madrugada en sus domicilios, incomunicación, dispersión penitenciaria y la obligatoriedad de pagar elevadas fianzas. Junto a ello, ha destacado que no se respetó su presunción de inocencia, ya que varios medios les calificaron de «ONG de ETA» y ha alertado de que pueden ser detenidos de nuevo tras la sentencia a pesar de que esta pueda ser recurrida, ya que hay casos previos en los que esta situación se ha producido.

Dabid Soto ha anunciado que a partir del día 30 pondrán en marcha una iniciativa para denunciar esta situación y ha reclamado a los grupos del Parlamento navarro que tomen compromisos en este sentido.

Esther Korres (EH Bildu) y Mikel Buil (Podemos) han respondido favorablemente a este requerimiento, mientras que Patxi Leuza (Geroa Bai) y Marisa de Simón (I-E) han denunciado las irregularidades del caso y han mostrado solidaridad personal con los procesados. Inma Jurio (PSN) ha expresado su confianza en las garantías del sistema judicial español.

UPN no ha estado presente en la sesión –la semana pasada presentó una moción para vetar en el Parlamento la presencia de personas imputadas, que fue rechazada–. El parlamentario Iñaki Iriarte, sin embargo, ha conversado previamente con los imputados para explicar que su ausencia se debe a que no quieren interferir en la labor de la Justicia.